Con la finalidad de intercambiar experiencias y sumar esfuerzos en favor de los migrantes y sus familias, la diputada local, Lucila Martínez Manríquez, sostuvo una reunión de trabajo con autoridades del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad Michoacana y el Concejal de Los Ángeles, California, Gilbert Anthony Cedillo, en donde hizo el planteamiento de impulsar una agenda común para lograr que se les validen sus estudios a los michoacanos que radican en el vecino país y mayor protección para las mujeres.

En el encuentro, en la que también estuvieron los diputados integrantes de la Comisión de Migración de la LXXIV Legislatura Local, la legisladora expuso que el tema de la validación de los estudios de los migrantes, así como el proteger a las mujeres que trabajan en el vecino país, son temas prioritarios en su agenda.

Por ello, manifestó su compromiso de cerrar filas con sus compañeros diputados, autoridades universitarias y el Concejal Gil Cedillo, con el objetivo de impulsar una agenda común, mediante la cual se promueva, procurare y amplíen los derechos humanos de los migrantes michoacanos y de sus familias, apoyándolos en los temas educativos y, también, para que tengan acceso a programas específicos de desarrollo social y de inversión productiva, a fin de que puedan mejorar sus condiciones de vida.

Lucila Martínez expuso que, en el tema de la validación de estudios, es una demanda de miles de migrantes, quienes no pueden acceder a mejores salarios y oportunidades, ya que no se les acredita su formación académica.

“Hay casos de muchos profesionistas que están en el vecino país trabajando en el campo, porque sus estudios no son reconocidos”, enfatizó.

Ante ello, el Concejal señaló que, aunque es un proceso complicado, se pueden sumar esfuerzos y realizar los trámites para encabezar este movimiento, que -si bien no es sencillo- puede lograrse.

Coincidió también con la diputada Lucila Martínez sobre la necesidad de hacer un frente común para fortalecer y proteger los derechos de los migrantes y sus familias, tanto en el exterior como en el estado de Michoacán, garantizando el respeto a los derechos humanos y constitucionales.

Desde todas las trincheras, la legisladora puntualizó que se deben impulsar acciones que promuevan, fomenten y difundan estos derechos de toda la comunidad migrante, en donde los programas que se lleven a cabo tienen que ser efectivos y generar desarrollo, con lo que también se disminuiría la expulsión de mano de obra.

Asimismo, Lucila Martínez aplaudió la iniciativa de Gil Cedillo, quien impulsa la instalación del refugio “La Casa Azul”, en Los Ángeles, California, para la atención de mujeres e hijos migrantes que sufren violencia y que están en el vecino país, sin un estatus legal en la unión americana.

“Estas son buenas prácticas que podemos adoptar los estados; mientras en el vecino país se construyen espacios para mujeres víctimas de violencia, en México se disminuyen los recursos para los programas que benefician a este sector”, afirmó.

Cabe destacar, que la migración femenina mexicana hacia Estados Unidos ha crecido de manera sostenible desde los años setenta hasta nuestros días, mientras que en 1970 residían en ese país cerca de 436 mil mujeres nacidas en México, en el año 2012 su magnitud alcanzó alrededor de 5.5 millones. Las michoacanas migrantes en Estados Unidos se estiman en más de medio millón de mujeres, lo que coloca a la entidad como la principal expulsora de mujeres hacia Estados Unidos.