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- El diputado urgió discutir y dar celeridad al dictamen sobre la denominada iniciativa preferente, que otorga la facultad constitucional al Gobernador y al Congreso para dictaminar de manera expedita las iniciativas para solventar de manera rápida una crisis en materia de derechos humanos
Morelia; Michoacán, 10 de abril de 2017.- La crisis de derechos humanos y violencia que se viven en el país y en el estado, obligan al Congreso del Estado asumir acciones desde su trinchera, afirmó el diputado del PRI por el Distrito de Los Reyes, Roberto Maldonado Hinojosa al urgir dictaminar las reforma propuesta a la Constitución del Estado, para dar paso a las iniciativas preferentes, presentada en días pasados.
El diputado del PRI refirió que ante hechos como los recientemente ocurridos en Arantepacua, y en algunos otros casos donde se presume una violación a los derechos humanos, se busca otorgar la facultad constitucional al Gobernador y al Congreso para dictaminar de manera expedita las iniciativas para solventar de manera rápida una crisis en materia de derechos humanos.
“A través de esta propuesta se deja la puerta abierta al Gobernador y al Congreso del Estado para que en relación a los temas que tengan que ver con derechos humanos, se dé celeridad en temas como trata de personas, y asesinatos, abuso de autoridad, entre otras, no excedan días hábiles para su análisis, dictaminarían para hacerse valer estas reformas en el estado,”, manifestó.
El legislador tricolor exhorto a sus homólogos para que se solidaricen y busquen mejorar las condiciones de las familias michoacanas, ser sensibles y tener una mayor conciencia social, respecto a un tema que afecta la dignidad humana como es la violación de los derechos humanos.
La propuesta de iniciativa plantea que en caso de que exista una crisis evidente en temas de derechos humanos, el Gobernador podrá presentar en cualquier momento, hasta dos iniciativas preferentes que correspondan a tal problemática por cada año legislativo. Cada iniciativa con el carácter preferente, deberá ser discutida y votada por el Pleno del Congreso del Estado en un plazo máximo de treinta días naturales y se deberá dictaminar de manera prioritaria y con carácter de preferente las leyes o reformas que envié el Gobernador con carácter de preferente, en el supuesto de crisis evidente de derechos humanos.
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