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Ante las irregularidades en la adquisición de los ventiladores mecánicos, para la atención de los pacientes con Covid-19, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXXIV Legislatura Local, Antonio Soto Sánchez, demandó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) que se investigue a fondo y se sancione con todo el peso de la Ley.
Reprobó el mal uso de recursos cuando se vive una grave crisis en nuestro país, y se beneficie a las empresas de altos funcionarios federales en la adquisición de insumos a costos muy elevados.
La venta a sobreprecio de ventiladores mecánicos, para pacientes graves de COVID-19, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por parte de León Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), debe ser investigado a fondo y sancionarse con todo el peso de la Ley.
Lamentó los hechos, más cuando no es el primer caso de corrupción que se reporta en la administración federal de Andrés Manuel López Obrador, ya que el 30 de marzo de este mismo año, el IMSS firmó un contrato con la empresa Levanting Global Servicios SA para comprar 2 mil 500 ventiladores por 93 millones de dólares. El propietario de la empresa era Baldemar Pérez Ríos, empresario mexicano residente en Estados Unidos, quien fue acusado de fraude millonario por compañía fantasma que engañó a inversionistas estadounidenses, caso por el que fue inhabilitado en el país vecino.
Antonio Soto demandó a la Secretaría de la Función Pública que investigue la compra de ventiladores a sobreprecio y de todos los insumos que en esta contingencia se están adquiriendo.
Condenó que se utilicen los recursos públicos para beneficiar a funcionarios, cuando deben destinarse para la urgencia nacional tanto sanitaria como económica que implica la pandemia, puesto que el sobreprecio evidencia rapiña política.
Exigió que la Federación garantice el uso adecuado de los recursos públicos y transparente cada peso que se ejerce, apegado a las normas aplicables y se sancione a quienes violente o desvíe recursos.
Antonio Soto pidió transparencia en las compras y contrataciones públicas, para evitar el mal uso de recursos que cuesta vidas, ya que mientras a los estados se les niegan insumos, a funcionarios federales se les favorece con la adjudicación de contratos.
La crisis sanitaria por la que se atraviesa no debe convertirse en brecha para que apetitos totalitaristas se instauren en México y menos para actos de corrupción como los que se han evidenciado y denunciado.
“En México, la prioridad nacional debe ser la contención y atención de la contingencia sanitaria, así como atender los efectos que en la economía está generando a la población; por lo que, es apremiante que la Federación apoye a los estados y municipios y deje de estar violando las leyes que rigen a nuestro país. Cada acto de corrupción que se denuncie debe ser investigado y sancionado si se comprueba una acción indebida”, finalizó.
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