Por tanto, la Revocación de Mandato no debe ser vista ni manejada como una concesión del gobierno federal, sino como lo que es, el avance en el cumplimiento a una demanda y exigencia histórica de los ciudadanos, quienes hemos venido pugnando porque el gobernante en turno pueda ser evaluado y destituido si no cumple con las expectativas y compromisos que planteó desde campaña, remarcó Luis Manuel Antúnez Oviedo, Delegado Nacional de Movimiento Ciudadano en Michoacán.
De esta forma Antúnez Oviedo hizo énfasis en que la Revocación de Mandato “es un derecho de los ciudadanos y no una con concesión, como ha querido mostrar el presidente Andrés Manuel López Obrador; la ratificación es una obligación de los gobernantes”.
En este sentido el Delegado Nacional de Movimiento Ciudadano pidió al gobierno de la república que considere esta diferencia y de esta forma se haga la aclaración, como una parte de reconocer y regresar el poder a quien verdaderamente le corresponde, que es a los ciudadanos.
Como en cualquier empresa cualquier directivo que no cumple con su chamba puede ser despedido, en este mismo sentido un gobernante tiene que ser sometido al escrutinio de la ciudadanía quienes son los que tienen que decidir si continúan o no al frente del cargo.
Agregó que de manera adicional este modelo de participación ciudadana tiene que revisarse a fondo, no en su cumplimiento o ejercicio, sino en los momentos en que se realice, para no generar escenarios injustos y de inequidad.
Por ello, consideramos que el mecanismo de Revocación de Mandato debe darse en una fecha distinta del de la jornada electoral, para no desvirtuar sus efectos, porque de darse en la misma fecha electoral intermedia, incidiría en los resultados electorales de las gubernaturas que se renovarán en el 2021, como será el caso de Michoacán para ese año.
Antúnez Oviedo remarcó que se debe dejar claro que la revocación de mandato debe establecerse y permitirse, pero a partir del ejercicio exigido por los ciudadanos y no como una concesión del gobierno en turno, que además debe ser organizada por la autoridad electoral, con reglas claras.
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