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*Busca eliminar tarifas en tramos carreteros en mal estado y se castigue severamente a operadores en estado de ebriedad
Morelia, Michoacán, a 23 de marzo de 2023.- La 75 Legislatura aprobó remitir a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dos proyectos de reforma a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para suspender las tarifas en tramos carreteros que no estén en óptimas condiciones.
Asimismo, se validó que se revoquen los permisos o concesiones a los operadores que se encuentren en estado de ebriedad o bajo efectos de alguna droga.
La Comisión de Puntos Constitucionales fue la encargada de dictaminar las propuestas presentadas por los diputados Víctor Manríquez González y J. Reyes Galindo, que fueron avaladas por el Pleno del Poder Legislativo en sesión extraordinaria.
Respecto a la propuesta planteada por el diputado Manríquez González, corresponde a la reforma al artículo 21 Bis de la ley en mención, la cual tiene el objetivo de que la Secretaría suspenda la base tarifaria en el tramo carretero en el que no exista la óptima condición de construcción, conservación, mantenimiento o cierre total de alguno de los carriles en los tramos viales, manteniendo la suspensión mientras subsistan las condiciones que la motivaron.
Por su parte, la reforma propuesta por el diputado Reyes Galindo, busca que las concesiones y permisos para conducir se puedan revocar cuando las autoridades sanitarias o de seguridad pública demuestren de manera fehaciente y objetiva, el estado de ebriedad en cualquier grado o el encontrase bajo los efectos de drogas del operario de la unidad; así mismo, a la persona que resulte culpable por el supuesto de manejar en esas condiciones, se le revocará la licencia por diez años y, si reincide, será de por vida.
En este tenor, las y los legisladores coincidieron que es un derecho fundamental la movilidad de las personas y la seguridad vial para proteger la integridad del conductor y/o peatón, así como de cualquier persona que utilice cualquier medio o vía para transportarse, y es obligación de las autoridades proteger dichos derechos.
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