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La diputada Nalleli Pedraza Huerta expresó su preocupación ante el intento de restringir la libre manifestación con el proyecto de la Ley de Manifestaciones del Estado de Michoacán de Ocampo.
Subrayó que los fines de esta ley están mal planteados, pues se advierte que pretende únicamente controlar las expresiones de libertad sociales, estableciendo restricciones a los horarios y espacios de manifestación, establece sanciones administrativas, civiles e incluso penales para quienes vayan en contra de esta ley.
“Cualquier conducta que implique una sanción administrativa o una pena ya se encuentran previstos en sus correspondientes ordenamientos, no es necesaria esta ley” señaló la Diputada.
La Diputada local integrante del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso Local, expresó que las marchas o cualquier tipo de manifestaciones, no constituyen el problema de fondo, sino son el reflejo de las necesidades sociales que no han sido atendidas en los distintos ámbitos del desarrollo de las y los michoacanos.
Agregó que la Ley debe estar pensada en controlar la actuación de la autoridad y las fuerzas públicas ante las manifestaciones y no en regular inconstitucionalmente la actuación de la ciudadanía. Aclaró que ya existen protocolos de actuación para las fuerzas policiales en caso de manifestación, los cuales están acatando las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo cual no se requiere una ley.
La diputada Nalleli Pedraza Huerta, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la LXXIII Legislatura Local, reprobó tajantemente las directrices y los objetivos jurídicos que persigue, al considerar que más que una garantía legalmente prevista para la ciudadanía, se trata de una ley, a todas luces, violatoria de derechos humanos, pues resulta inconstitucional frente a los artículos 6°, 7° y 9° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, preceptos que protegen el derecho a la libertad de expresión y a la libre manifestación. Dijo que estos artículos son el parámetro para establecer los límites permitidos a estos derechos.
Puntualizó que no se requieren leyes inconstitucionales ni restrictivas para la solución de las problemáticas del Estado, por el contrario, dejó en claro que se trata de asumir un trabajo comprometido y unido entre el Gobierno del Estado, el Poder Judicial y el Poder Legislativo para identificar y reparar las auténticas preocupaciones que motivan las manifestaciones ante las autoridades.
Finalmente, reiteró que de aprobarse en Pleno esta ley, estaríamos bajo un escenario alarmante para la sociedad michoacana e insistió que las y los diputados no deben perder de vista que la tarea parlamentaria de esta Legislación es buscar y proponer soluciones sociales a través de un marco normativo que garantice ampliamente y en todo momento sus derechos fundamentales para propiciar un digno desarrollo individual y colectivo benéfico para Michoacán.
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