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Debe quedar en la Carta Magna y no en una ley secundaria, o de lo contrario “vamos a pagar el pecado a través de juicios de amparo”, asegura
- La fracción del PRD en el Senado, planteó reformar los artículos 22 y 73 constitucionales, a fin de que la extinción de dominio proceda también para delitos de huachicol, así como servidores públicos corruptos y encubrimiento por receptación en el robo de vehículos
- Se espera que mañana las comisiones encargadas en del Senado de la República y en la Cámara de Diputados se reúnan para analizar, discutir y en su caso, aprobar cambios a la Constitución
En el marco de la discusión legislativa que se lleva a cabo en torno a los cambios que buscan hacer más efectiva la Ley de Extinción de Dominio a nivel federal, regularla desde la Constitución, no es una necedad, evidenció el coordinador parlamentario en el Senado de la República, Miguel Ángel Mancera Espinosa, quien señaló que las modificaciones son indispensables para no repetir el error que ya se cometió, que a través de juicios de amparo se perdían los casos contra los delincuentes.
A fin de analizar y en su caso, aprobar cambios a los Artículos 22 y 73 de la Constitución, en materia de extinción de dominio, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República, se reunirán mañana con diputados de las comisiones dictaminadoras.
Bajo este contexto, el senador aseguró que no fue una ocurrencia cuando en el pasado tuvieron que incluir en el Artículo 16 el párrafo noveno para especificar qué se entiende por delincuencia organizada, “¿por qué está en la Constitución esta definición? Porque todos los amparos los estaba ganando la delincuencia organizada y tuvieron que plasmarlo en la Constitución, si nosotros no hablamos desde la Constitución de los supuestos, cuando menos dejamos embozado que vamos a poder monetizar los bienes, que habrá una ley, que se van a establecer tales o cuales procedimientos, nos van a volver hacer lo mismo”, alertó.
Por ello, el legislador refrendó la urgencia de aprobar los cambios al instrumento jurídico de extinción de dominio que planteó el Grupo Parlamentario del PRD en una iniciativa en la Cámara Alta.
En ésta, la fracción del PRD –recordó— planteó reformar los artículos 22 y 73 de la Carta Magna, a fin de que la extinción de dominio proceda no solo en casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito, sino delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos (huachicol), así como delitos graves cometidos por servidores públicos y encubrimiento por receptación vinculado al robo de vehículos.
Además de la importancia de que los bienes incautados a la delincuencia “se vuelvan dinero” y regresen a las arcas de los estados sin esperar a que los juicios lleguen a su fin, dado que pueden durar años.
El objetivo es que al monetizar las propiedades o los automóviles que sean decomisados, éstos no representen un costo para los gobiernos por su mantenimiento o en el caso de los automóviles no sean apilados en depósitos, sino que puedan ser chatarrizados. Con ello, el PRD en el Senado busca que esos recursos entren a las arcas del estado en menos tiempo y puedan ser aprovechados en programas sociales de gobierno.
En la Reunión Extraordinaria de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, Miguel Ángel Mancera Espinosa exhortó a las y los legisladores a no calificar la extinción de dominio de manera superficial, pues desde su punto de vista solo se hicieron modificaciones en la redacción, pero no se consideraron aspectos como los anteriores.
“Simplemente cambiando una redacción para establecer que solo habrá una Ley General, sin dejar ningún tipo de prerrogativa a los estados y eso tarde o temprano se va a convertir en un error otra vez, porque no va a alcanzar la estructura de la Fiscalía, que además ya vimos el dictamen de la Fiscalía y no va a alcanzar. Ni siquiera veo en la estructura propuesta alguien que se vaya a dedicar a los temas de extinción de dominio”, recalcó.
Añadió que es vital primero hacer eficiente la extinción de dominio, ya que hoy no lo está siendo, “lo que están haciendo en Colombia y que tendría que venir desde la Constitución es, permitir monetizar esos bienes, ejemplo de un hotel en donde se ejerza la trata (de personas), desde el momento mismo que se asegura el hotel se dispone, de él, y se va al juicio, pero ya en disposición”.
El coordinador parlamentario advirtió que esto debe quedar desde la Constitución y no a través de una ley secundaria, o de lo contrario “vamos a pagar el pecado a través del juicio de amparo”.
Ello –dijo— ayudaría a que el próximo gobierno federal sea eficaz en extinción de dominio al contar con las herramientas jurídicas necesarias, “si sigue dejándole al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) la administración y sigue operando con decomisos y sigue (dependiendo) de si la Policía Federal aseguró o no, si se le pasó a la PGR o no, vamos a cometer los mismos pecados”.
Además, Miguel Ángel Mancera Espinosa resaltó que no basta con una ley general que pueda establecer el marco de la extinción de dominio, sino que es necesario que las entidades puedan actuar, así como establecer los delitos que sean propensos a esta medida, “si nosotros eliminamos el catálogo y dejamos que todo puede ser sujeto de extinción de dominio, eso puede pecar de inconstitucional”.
Dichas Comisiones se declararon en sesión permanente para analizar las propuestas de los grupos parlamentarios; se reunirán el miércoles 7 de noviembre con diputados de las comisiones dictaminadoras para analizar y en su caso, aprobar los cambios a los artículos mencionados.
Por ello, el coordinador parlamentario respaldó que el análisis continúe abierto, “nosotros fuimos de los que nos aferramos. No es una necedad, la extinción de dominio es procedimiento importantísimo para el combate a los bienes de la delincuencia. Y si ahora no aprovechamos la oportunidad, lo que nos estaban presentando es dejar vulnerable la extinción de dominio fácilmente en un juicio de amparo”.
En entrevista, en otro tema, el senador ratificó que la legislación sobre los salarios que propone Morena tiene inconsistencias, “hicimos notar que tenía errores muy claros, la mención del Distrito Federal y otra vez remitir a los salarios mínimos como unidad de medida, es decir, tiene faltas de ortografía; es algo que se debió haber revisado”.
Agregó que está de acuerdo en el espíritu de esta propuesta, pero es indispensable que se distinga en el caso de quienes desempeñan actividades de alta especialidad en el país, como las fuerzas armadas, “vuelve a dejar sin distingo a quienes tienen una mayor responsabilidad o que se les ha exigido un grado de especialización mucho más importante; esas son cosas que esta ley no está recogiendo; es una ley que está fuera de temporalidad, que no corresponde a esta época porque ese hizo en otra simple y sencillamente”.
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