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Se está teniendo un ámbito de impunidad, porque al no catalogarse así, no hay prisión preventiva
- El NAIM en Texcoco no está descartado; “puedo equivocarme, pero yo creo que va a ser Texcoco, la respuesta, vamos a ver”, señala el coordinador parlamentario Miguel Ángel Mancera Espinosa
- El Senado de la República no tendría que ser un punto donde personas migrantes no encuentren un trato digno; habrá que escucharlos y habrá que recibirlos, reitera
Que se considere como delito grave el ataque contra el transporte ferroviario, el transporte público y el transporte de pasajeros, planteó el Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en el Senado de la República, propuesta que fue ampliamente respaldada por las fracciones de los grupos parlamentarios en la Cámara Alta.
El coordinador parlamentario Miguel Ángel Mancera Espinosa detalló dicha iniciativa para sancionar ataques a las vías férreas, toda vez que –dijo— existe un incremento exponencial el robo al transporte público en las carreteras, “y el caso de los trenes es verdaderamente preocupante por los reportes que se tienen”.
El asunto –recalcó— es que está teniendo un ámbito de impunidad, porque no se considera como delito grave y por lo tanto, no hay prisión preventiva. Dicha iniciativa reforma y adiciona la Ley General de Vías de Comunicación, la Ley de Seguridad Nacional y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
A pregunta expresa a propósito de la consulta para la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM), durante la conferencia de prensa, el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa opinó que no está descartado que Texcoco sea la opción que reciba mayor respaldo.
“Puedo equivocarme, pero podría apostar a que será Texcoco; puedo equivocarme. A mí me parece que están todas las condiciones, tanto en el exterior como en el interior de las consecuencias que no fuera Texcoco, señaladas ya puntualmente, qué podría pasarle al país. Entonces, yo puedo decir así, puedo equivocarme, pero yo creo que va a ser Texcoco la respuesta, vamos a ver”.
No obstante, reconoció que la consulta no es vinculante jurídicamente, “no es una consulta, en los términos jurídicos constitucionales, es una consulta, que está haciendo, un grupo legislativo. Un grupo de diputados, de senadores y del gobierno entrante, eso es; es una consulta que está haciendo ese grupo, pero no es una consulta –digamos— en términos jurídicos, que no cumple con los requisitos de la misma”.
Por otro lado, el senador Miguel Ángel Mancera reiteró que mediante un punto de acuerdo, el GPPRD insistirá en que se ponga un alto al incremento del precio de la gasolina. Además de otro para sustentar la necesidad de la creación de la Comisión Ordinaria de Grupos de Atención Prioritaria.
La senadora Leonor Noyola –a nombre del GPPRD— resaltó la iniciativa de la fracción para que en la Constitución federal se establezca la obligación de todas las autoridades de solicitar opinión a las personas con discapacidad.
Ello, implica consultarlos de manera previa a cualquier medida que les pudiera afectar, a fin de que sean tomados en cuenta verdaderamente y que lo que opinen o piensen sea una parte de lo que hagan las autoridades al ser vinculantes dichas consultas.
Refirió que “según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las personas con discapacidad somos las más marginadas; mil millones de personas en el mundo padecemos de alguna discapacidad”; cifra que representa 15 por ciento de la población total.
“En nuestro país –añadió— según datos del INEGI somos 8 millones con alguna discapacidad, que representa el 6.5 por ciento de la población total. El día de hoy mi voz es por los hombres, por las mujeres, por las niñas, por los niños con alguna discapacidad y vamos a trabajar en este tema.
En tanto, el senador Juan Zepeda Hernández se refirió a dos puntos de acuerdo, uno sobre la situación migratoria de las personas centroamericanas que están recorriendo el territorio nacional.
“Como senadores del PRD estaremos solicitando el respeto total a los derechos humanos de estos migrantes. Hoy nosotros nos vemos en una disyuntiva como país, aplicar a los hermanos centroamericanos lo que condenamos que en Estados Unidos les aplican a nuestros hermanos mexicanos; tenemos que ser congruentes y vamos a solicitar que se vigile el respeto a los derechos humanos de estos hermanos centroamericanos”.
Además, el Grupo Parlamentario del PRD refrendó que el Senado de la República no tendría que ser un punto donde personas migrantes no encuentren un trato digno, por lo que habrá que escucharlos y recibirlos.
El segundo punto de acuerdo, aseguró el vicecoordinador del GPPRD plantea que de una vez por todas, el Senado ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual tiene que ver con garantizar la seguridad social a las trabajadoras y trabajadores domésticos.
El legislador precisó que se calcula que en el país, 2 millones 300 mil mujeres se dedican a esta actividad. Por ello, es de vital importancia que dicho Convenio 189 de la OIT firmado por México en 2011, sea ratificado por este órgano legislativo.
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