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- Puntualizó que es necesario revisar el funcionamiento de los mecanismos de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas previstos en las leyes federal y estatal
Morelia, Michoacán, 23 de marzo de 2022.- La Diputada local, Adriana Hernández Íñiguez, presentó una iniciativa para endurecer las penas de quienes cometan delitos en contra de periodistas, reformando el artículo 63 del Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo; además de armonizar el artículo 51 del Código Penal Federal y el artículo 63 del Código Penal michoacano, esto a fin de procurar una redacción homogénea que reconozca la necesidad de sancionar con toda energía los delitos cometidos en contra de comunicadores.
La propuesta de reforma señala que cuando se cometa un delito doloso en contra de algún periodista, persona o instalación con la intención de afectar, limitar o menoscabar el derecho a la información o las libertades de expresión o de imprenta, se aumentará hasta en un tercio la pena establecida para tal delito. Y se aumentará la pena hasta en una mitad cuando además el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones o la víctima sea mujer y concurran razones de género en la comisión del delito, conforme a lo que establecen las leyes en la materia.
La legisladora destacó datos de la organización no gubernamental “Artículo 19”, la cual refiere que desde el año 2000 y hasta enero de este año, se han documentado 151 asesinatos de periodistas en México, mientras que en Michoacán se registraron siete de estas víctimas: Jaime Olvera Bravo, Gerardo García Pimentel, Miguel Villa Gómez Valle, Hugo Olivera Cartas, Salvador Adame, Roberto Toledo, y hace apenas unos días, el 16 de marzo, Armando Linares López.
“Es inaudito que tan solo en lo que va de este 2022 son ocho los periodistas asesinados en nuestro país; además en la actualidad, México acumula el 58% de periodistas asesinados en América Latina, según cifras de la organización Reporteros Sin Fronteras”, señaló Hernández Íñiguez.
Puntualizó que es necesario revisar el funcionamiento de los mecanismos de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas previstos en las leyes federal y estatal, así como también la forma en que se han venido procesando y ejecutando las solicitudes y medidas de protección.
“Es evidente que algo ha fallado y ello ha derivado en crímenes que a todas y todos nos indignan. Actualmente, hay en México alrededor de 700 periodistas bajo la figura de protección, la cual se ha visto rebasada por la escalada ola de violencia contra el gremio”, apuntó la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.
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