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En el país se despliegan esfuerzos por construir instrumentos para atender algunos de los problemas de adaptación al cambio climático, pero no existe una estrategia nacional de adaptación, señala el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.
En su investigación “Bases para una estrategia nacional de adaptación al cambio climático”, refiere que en México existen mecanismos endebles sin política, sin conducción, lejos de la idea básica de la esencia de una política pública.
Contar con una estrategia nacional de adaptación, deriva de la necesidad de sentar las bases para construir una familia de políticas públicas mayores en la materia; además -añade el estudio- sin la participación de estados y municipios en las iniciativas de adaptación, el país no podrá enfrentar los retos que representa incorporarse al cambio climático.
El IBD estima que se deben construir acuerdos, estimular la eficacia del Estado respecto de organización política, social, económica, de dirección, coordinación en el desarrollo regional, y la regulación, protección y promoción de las actividades económicas de interés público.
Es decir, consolidar los mecanismos de coordinación entre los poderes federales, y así posibilitar la reforma de leyes y reglamentos de alto impacto en la definición y operación de políticas públicas.
“Esto es de la mayor importancia para catalizar las relaciones intergubernamentales y convocar a los actores en tareas de adaptación, y lograr remontar la crónica ineficacia de las políticas públicas”, señala la investigación del IBD.
También se adelanta, que se perfilan varias áreas donde la adaptación puede convertirse en un tema estratégico y de convergencia, entre ellas: la vinculación con la Conferencia Nacional de Gobernadores, principalmente con el Comité de Seguimiento a la Agenda Estratégica Federalista.
Así como la vinculación con los congresos estatales; renovar una vinculación con el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (Inafed), y con cada una de las asociaciones, principalmente con la Asociación Nacional de Ayuntamientos y Alcaldes (Anac), las Asociaciones de Municipios de México (Ammac), y la Asociación de Autoridades Locales de México (Aalmac).
Aunado a ello, se añade, que es fundamental sentar las bases jurídicas para establecer acuerdos de carácter regional que permitan una gestión que pueda articular dos o más entidades federativas, con una visión de la dinámica territorial más acorde con las necesidades de la adaptación, como la de fortalecer la atención a las cuencas hidrográficas.
Dicha problemática se aborda en la Ley General de Cambio Climático y en la Estrategia Nacional de Cambio Climático, sin embargo, México aún está lejos de atender la imperativa necesidad de profundizar una convergencia entre adaptación y mejoras en el federalismo.
Puede resultar poco eficaz y costoso construir políticas y prácticas de adaptación reduciéndolas únicamente a la búsqueda de la preservación del núcleo económico del modelo de desarrollo actual, en lugar de permitir que las prácticas y políticas de adaptación fomenten un desarrollo económico compatible con los intereses sociales y culturales a largo plazo.
“Una gobernanza con miras hacia la adaptación con el cambio climático tendría que enfatizar la inclusión de intereses y la convergencia de visiones a largo plazo”, refiere el IBD en la investigación realizada por la Dirección General de Investigación Estratégica.
La conformación de una estrategia nacional de adaptación tiene dos compromisos y referentes internacionales: la Agenda 2030, suscrita en 2015 por la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, y los Acuerdos de la COP 21 en materia de cambio climático, realizada en París en 2015.
La Agenda 2030 consta de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas conexas de carácter integrado e indivisible, y su premisa es: el cambio climático y el desarrollo sostenible tienen una relación directa, el desarrollo sostenible no se logrará si no se adoptan medidas contra el cambio climático.
En cuanto a los Acuerdos de la COP 21, los países que suscriben los Acuerdos de París tienen la meta de limitar la temperatura global por debajo de 1.5 grados centígrados, avanzando progresivamente hacia una economía nula en carbono.
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