Con la aprobación de la lista que integra a los diez aspirantes a Fiscal General del Estado, el Congreso del Estado refrenda su compromiso de seguir cerrando filas para hacer frente a los retos del sistema de justicia en Michoacán y garantizar la legitimidad a las y los michoacanos, subrayó la diputada local Lucila Martínez Manríquez.

Al hacer uso de la tribuna, la diputada hizo un llamado a dejar de un lado las diferencias, partidos y colores y velar por el desarrollo de Michoacán, tras resaltar que el proceso para la selección de los diez aspirantes a la Fiscalía General del Estado fue un ejercicio democrático, el cual se apegó a la ley.

El dictamen aprobado por la LXXIV Legislatura Local, refleja un procedimiento transparente y la labor de los participantes e integrantes de las comisiones unidas, con el único fin de lograr una Fiscalía General con capacidad para brindar una procuración de justicia pronta, eficaz, eficiente e imparcial en beneficio de los michoacanos.

La diputada local resaltó que sin duda el Congreso del Estado ha realizado un proceso democrático, transparente y abierto, para definir a los diez aspirantes al cargo de Fiscal General del Estado, “proceso que nos llevó a un trabajo arduo, de evaluación y revisión de cada uno de los perfiles”.

“Reconozco a mis compañeros integrantes de las Comisiones de Justica y de Gobernación, por el trabajo que han realizado, este dictamen, se hizo con todo el compromiso y profesionalismo, con un procedimiento a puerta abierta y con la participación de todos los diputados interesados en participar, durante las reuniones del órgano legislativo, así como en el proceso de las comparecencias”.

Lucila Martínez resaltó la participación de cada uno de los 32 aspirantes que comparecieron, quienes cuentan con una trayectoria y conocimiento importante en la materia, por lo que fue difícil seleccionar a los diez que integran la lista que será turnada al Ejecutivo del Estado, quien debería enviar al Poder Legislativo una terna, para determinar quién será el Fiscal General del Estado.

Finalmente expresó “esta determinación es una de las decisiones de mayor trascendencia para el Congreso del Estado, debido a la responsabilidad que genera esta decisión y que de aquí depende la justicia y seguridad de nuestra sociedad, además recordemos que se trata de un encargo que durara 9 años y que quien arribe a este, tendrá la responsabilidad de dar viabilidad, fortaleza, y credibilidad de origen a este órgano autónomo de reciente creación”.