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Morelia, Michoacán, 01 de noviembre de 2019. La bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de la Septuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán presentó varias iniciativas de ley ante el pleno. Aunque diversas coinciden en atender a los sectores de la sociedad más desprotegidos.
En este contexto legislativo, la diputada Zenaida Salvador Brígido subió a la tribuna y exhortó la necesidad de un fortalecimiento de las fuerzas policiacas: “Casi el 50% del total de las diferentes fuerzas armadas de nuestro estado tienen un ingreso mensual no mayor al de los 11 mil pesos mensuales, el 70% nunca ha recibido un ascenso, en su mayoría no cuentan con un seguro de gastos médicos”.
La legisladora Salvador Brígido agregó que las fuerzas policiacas trabajan sin los elementos más básicos para el desarrollo de sus funciones. Según de acuerdo al estudio denominado Índice de Desarrollo Policial que fue elaborado por la organización causa en común estos resultados arrojó:
• El 41% de los elementos estatales han tenido que poner de su bolsa para comprar calzado.
• El 38% para comprar su uniforme.
• El 32% ha tenido que pagar con su sueldo la papelería para informes.
• El 26% pone de su dinero para hacer reparaciones a la patrulla.
• El 20% han tenido que gastar en cartuchos para sus armas.
• El otro 12% gasta en gasolina para sus vehículos oficiales.
• El 11% en algo vital como chalecos antibalas.
La legisladora Zenaida Salvador resaltó que no es posible una proximidad atinada para con la ciudadanía. Si no cuentan con las herramientas básicas para el ejercicio de sus funciones, elementos más indispensables para salvaguardar su seguridad y la del pueblo Michoacano.
Puntualizó que: “Por tal motivo y ante esta necesidad apremiante, se requiere que el Ejecutivo del Estado en Coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General del Estado dote al personal de las Diferentes corporaciones policiales en el Estado de los materiales necesarios para el desempeño de sus funciones y puedan encontrarse en igualdad de circunstancias ante la defensa de una agresión, y a la vez garantizar su seguridad y la de los Michoacanos.”
Por su parte, la diputada Sandra Luz Valencia subió a la tribuna para pedir la modificación de Ley orgánica municipal de hace 18 años. “Es necesario incluir un lenguaje incluyente y visibilizar a los sectores más vulnerables de la sociedad como seria las personas que pertenecen a la comunidad LGBTQ”.
Para la diputada es importante lograr la igualdad y evitar la no discriminación por preferencias sexuales. “Sus derechos deben ser protegidos”.
Resaltó el derecho a la paridad de género en las candidaturas y así lograr la igualdad entre mujeres y hombres.
Mientras que el diputado Alfredo Ramírez Bedolla hizo una exposición de motivos acerca del término Gobierno Digital con el objetivo de identificar las acciones, programas y planes de gobierno que se ejecutan a través de las nuevas tecnologías de información y comunicaciones comúnmente llamadas Tics, dichas tecnologías en su sinergia ciudadano y gobierno, permiten en teoría una cercanía, transparencia, interacción, simplificación administrativa y agilidad de trámites y servicios entre el gobierno y la sociedad.
Según datos del INEGI y de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2016, en Michoacán hay 2 118 384 ciudadanos que utilizan internet, número de habitantes que representan el 51.3% por ciento de los 4 131 437 habitantes de la entidad.
El legislador Alfredo Ramírez dijo que una Ley de Gobierno Digital, no es de ninguna manera una ocurrencia, “toda vez que en algunas entidades de la Federación tales como son, la Ciudad de México, el Estado de México, Tabasco, Durango, Puebla y Sinaloa, por mencionar algunas, cuentan ya con Leyes en materia de Gobierno Digital, mismas que fueron tomadas en consideración y sirvieron de inspiración y base legislativa para la elaboración de la presente iniciativa”.
El diputado puntualizó que apenas el 1% de todos los trámites o servicios con los que cuenta el gobierno del estado son digitales, es decir: del universo de 900 trámites que se realizan en nuestra entidad por parte de la autoridad estatal, tan solo 9 se pueden realizar totalmente por medio de las tecnologías de la información o las telecomunicaciones”.
Explicó que esta iniciativa propone la creación de la comisión coordinadora del gobierno digital del estado de Michoacán, “cuya obligación será diagnosticar y evaluar las políticas públicas y acciones de los órganos del estado, para la implementación de estándares en materia de TIC’s, en temas de gobierno digital y proponer, promover, diseñar, facilitar y aprobar las políticas, programas, soluciones, instrumentos y medidas en materia de Gobierno Digital en el Estado, a través del uso y aprovechamiento de las tecnologías de la Información y comunicaciones, la comisión también establecerá la Agenda Digital que incluirá los lineamientos, políticas públicas, acciones, programas, metas y objetivos de los Órganos del Estado en materia de gobierno digital y nuevas tecnologías, aplicadas en beneficio de la ciudadanía”, dijo el diputado.
El diputado propuso que la agenda digital sea parte de los planes de desarrollo estatal y municipal que se planeen, desarrollen y estipulen al inicio del periodo de gobierno que corresponda, para que con esto forme parte de la planeación y el presupuesto que se ejercerá por parte de los órganos del estado en su nivel de competencia respectivamente, en cada ejercicio fiscal que corresponda, la cual deberá contar con metas y objetivos claramente estipulados a corto, mediano y largo plazo.
Cabe destacar que Ramírez Bedolla anduvo muy activo, ya que también presentó la Iniciativa de decreto que expide la Ley de Austeridad del Estado de Michoacán. En su exposición de motivos recordó que el pasado 8 de octubre se aprobó por parte del poder legislativo federal la ley federal de austeridad republicana, “de la cual recojo la reflexión que en el dictamen plasmaron los legisladores federales que define que un gobierno austero es aquel que no malgasta en cuestiones superficiales el dinero público, sino que destina la mayor parte de sus recursos a los propósitos reales de desarrollo y justicia social que emergen del mandato popular.”
Para el diputado su propuesta presenta una verdadera contención y reducción del gasto público ya que incluiría a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Gobiernos Municipales, comunidades o consejos indígenas y ciudadanos y los organismos paraestatales, paramunicipales, fideicomisos, fondos, comités, sindicatos, organismos autónomos e instituciones y en general, cualquier otra persona, física o moral, que maneje recursos públicos, “no se limita tan solo a las entidades y dependencias del poder ejecutivo estatal, ello sin invadir la autonomía en cuanto a la construcción de su presupuesto de los otros poderes, gobiernos estatales y organismos autónomos”.
Sin embargo, dijo que es necesario un análisis y reestructuración de las unidades orgánicas, “en la construcción de las nuevas estructuras orgánicas se deberán eliminar o evitar proponer niveles jerárquicos innecesarios, a fin de acortar el proceso de toma de decisiones, fortalecer tramos de control, facilitar la comunicación y eliminar mandos medios o superiores que no sean justificados en la normatividad correspondiente, todo ello en aras de lograr un equilibrio en las cargas de trabajo de las unidades administrativas desde un enfoque funcional, de simplificación administrativa y buscando una economía de recursos humanos y materiales para el cumplimiento de sus objetivos”.
Añadió, “también proponemos que de manera obligatoria, de forma paulatina y con fines de ahorro presupuestal, las entidades obligadas prestaran sus servicios, tramites y recepción de pagos por medios digitales, de conformidad con la legislación en la materia y de acuerdo a los principios de mejora regulatoria, austeridad, transparencia y combate a la corrupción, ello va plenamente en concordancia con la propuesta de Ley de Gobierno Digital que ya presentamos y con la legislación en materia de mejora regulatoria ya vigente en nuestra entidad”.
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