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Desde la academia
Dr. Damián Arévalo Orozco
El acceso a la educación se considera un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado. No deben existir límites ni pretextos para que los gobiernos y sus autoridades pongan a disposición de toda la población, desde el nivel de prescolar hasta la formación profesional, los elementos indispensables y suficientes para tener una educación pertinente, adecuada, oportuna y de calidad que logre la formación de seres íntegros y útiles a la sociedad.
El gasto en educación debe considerarse como la mejor inversión realizada por la administración pública. Es invertir en el presente para cosechar en el futuro; por lo tanto, se convierte en la inversión más sostenible, porque con la educación se puede sacar de las condiciones infrahumanas a niños y adultos, sobre todo los más marginados, para participar de una forma plena en la solución de los conflictos y necesidades sociales.
Ahora bien, es indispensable incorporar, fortalecer y aplicar de forma adecuada un marco jurídico constitucional y adoptar los instrumentos internacionales que hagan posible establecer derechos y obligaciones en este rubro. México ya tiene estos elementos cubiertos; aunque puede tener deficiencia en la aplicación y ejecución de la norma o los mecanismos legales para su exigibilidad ante los órganos jurisdiccionales del derecho humano a la educación.
Se debe precisar que existen precedentes en las últimas décadas sobre la apuesta al acceso a la educación, al determinar su gratuidad desde la educación básica hasta la profesional. Se han fraguado intentos de reformas y contrarreformas de modelos educativos para brindar cobertura a toda la población y procurar la mejora continua de ésta.
Hablar de educación en México y en el Estado de Michoacán particularmente nos lleva de maneranecesaria a referirnos a los múltiples factores que inciden de forma directa a la problemática que ha orillado a tener un sistema educativo deficiente. Los grupos de poder dentro y fuera de los sindicatos, la intromisión de partidos políticos y los políticos mismos en las instituciones educativas, sin fines académicos, sino corporativos y clientelares le han dado al traste al derecho a la educación. En concreto, no se ha cumplido del todo el derecho humano a la educación.
Recientemente, el Gobierno del Estado de Michoacánha señalado y, por lo menos, con acciones claras, que la inversión en educación ha sido de sus mayores prioridades. Los trabajadores de la educación se han preocupado cada vez menos por su salario. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,que durante muchos años dejaba de cumplir con su obligación salarial a trabajadores administrativos y académicos, ha experimentado el pago más oportuno de este. Tal vez queden pendientes otras prestaciones no saldadas, derivando en la insolvencia de estas que le orillan al déficit de más de mil millones de pesos.
Garantizar el derecho humano a la educación es una actividad administrativa compleja, porque implica construir y mantener escuelas, formar, contratar y promover a profesores dentro de ellas, además de considerar los derechos laborales y los relevos generacionales. Dotar de materiales didácticos suficientes, dar acceso a material bibliográfico, así como el acceso a las nuevas tecnologías de la información y comunicación a todos los niveles y en todo el territorio es indispensable hoy en día.
Sí, efectivamente, como lo han informado las autoridades educativas de la entidad a la fecha, no nos hemos enterado de paros de actividades académicas prolongadas o de afectación al desarrollo de los programas. Se ha trabajado de forma presencial después de la pandemia. Esperemos que esto sólo sea el arranque de lo que debe entenderse por un verdadero acceso a la educación, que no sea privilegio, ni opción, sino una obligación en corresponsabilidad entre el Estado y las personas, con acceso universal, donde se considere la inclusión, sea pública, gratuita y laica.
En nuestro país, el derecho humano a la educación se reconoce en el artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece en su primer párrafo: “Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior”. Esta es obligatoria al igual que la educación superior, con las excepciones impuestas en este rubro”
Se considera además que “la educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.”
Debe ser una educación con perspectiva de género, basada en el conocimiento científico, las humanidades, la filosofía, lenguas indígenas, lenguas extranjeras, el deporte, las nuevas tecnologías, educación sexual, el cuidado del ambiente, entre otros aspectos indispensables para garantizar la dignidad humana.
Asimismo, se debe mantener ajena a cualquiera doctrina religiosa, luchando contra la ignorancia y los fanatismos de toda índole.
Además, es fundamental su aspecto democrático, “considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;”
De la autonomía universitaria reconocida como derecho humano en la fracción VII del artículo en cita, podemos decir, que lamentablemente, los universitarios nos hemos olvidado de ella, tal vez ni la entendamos, nos da miedo referirla o la usamos a modo. Ese será otro tema.
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