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A fin de cristalizar el derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas sobre las leyes y normas que aprueba el Congreso del Estado que les atañen, el diputado Juan Figueroa Gómez presentó ante el pleno de la LXXIII Legislatura Local la iniciativa por la que se crea la Ley Reglamentaria del Congreso del Estado para la Consulta Previa a Pueblos Indígenas u Originarios de Michoacán.
El diputado presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, resaltó que en Michoacán es impostergable garantizar el derecho a los pueblos indígenas u originarios, para ejercer sus propias consultas para alcanzar un acuerdo o consentimiento entre ellos y el Estado respecto a las medidas legislativas o administrativas que los afecten de manera directa.
Por ello al proponer una iniciativa de Ley Reglamentaria que regule en este sentido a través de un diálogo intercultural que garantice su inclusión en los procesos de toma de decisión del Estado y la adopción de medidas respetuosas de sus derechos colectivos, ya que en la actualidad es uno de los derechos de mayor relevancia y desarrollo a nivel normativo en el ámbito internacional.
El diputado local por el Distrito de Huetamo, indicó que esta iniciativa surge para garantizar adecuadamente este derecho de este sector ya que “es necesario establecer los procedimientos a efecto que los pueblos indígenas u originarios sean consultados a través de sus instituciones y agentes representativos en la formulación, aplicación y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones gubernamentales, que inciden en sus derechos y en su desarrollo”.
Además precisó que este derecho se encuentra contenido en el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que refiere al nuestro como un país “que tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. De este reconocimiento jurídico se desprenden una serie de derechos para los pueblos, comunidades y personas indígenas de México”.
La propuesta de Juan Figueroa Gómez considera de sumo interés garantizar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas u originarios, “a través de un instrumento normativo de participación en la formulación de los proyectos legislativos, en donde puedan introducir sus visiones y propósitos en beneficio de su propio desarrollo”.
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