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El vicepresidente del Congreso del Estado, precisó que se trata de la armonización de la reforma federal y reafirmó que los derechos de los trabajadores son intocables_
Morelia, Michoacán, a 23 de septiembre.- Luego de la promulgación y publicación de la reforma al Poder Judicial, el vicepresidente el Congreso del Estado, Juan Carlos Barragán Vélez, presenta la armonización de la reforma en Michoacán.
De acuerdo con el morenista se hicieron las adecuaciones a la normatividad del sistema judicial para armonizarla con la constitución federal, y reafirmó que los derechos laborales de las y los trabajadores son intocables.
Entre los aspectos que aborda la propuesta del diputado local, se encuentra la elección popular de magistrados y jueces, la cual será democrática y tendrá más legitimidad. Se elegirán el primer domingo de junio de 2027 respetando la paridad de género.
Las propuestas de las candidaturas las hará el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial en el Estado, cada uno realizará tres postulaciones de candidatos a magistrados, pero una de cada persona que postulen los tres Poderes, deberá ser trabajador de base del Poder Judicial del Estado, quienes no tendrían que haber ya ocupado el cargo de Magistrado o Juez.
Lo mismo sería en el caso de las postulaciones que realicen de las y los candidatos a jueces, deberán incluir los tres poderes en sus ternas a una persona que sea trabajador de base del Poder Judicial del Estado en cada propuesta.
Además, señaló que actualmente el Consejo del Poder Judicial es el encargado de sancionar las faltas de los Magistrados, Jueces y Consejeros, en donde su presidente, es el mismo que presidente del Supremo Tribunal de Justicia, por lo tanto, funciona este órgano con conflictos de interés.
De ahí que propone que convertirlo en el Tribunal de Disciplina Judicial del Estado, órgano con autonomía técnica que acabe con la corrupción, nepotismo, acoso sexual y malos manejos de los recursos públicos en el Poder Judicial.
También precisó que los asuntos penales deberán resolverse en un máximo de un año, de lo contrario se les iniciará procedimientos de responsabilidades administrativas a los jueces y magistrados responsables de las omisiones.
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