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PUNTO DE INFLEXIÓN
Jaime Márquez
La semana pasada se conoció que el exmandatario estatal Silvano Aureoles fue inhabilitado por la Contraloría estatal, por no presentar en los tiempos establecidos, su declaración de modificación de su situación patrimonial en 2021 y la declaración final del ejercicio del cargo.
Hubo quienes de inmediato brincaron para salir a la defensa del exgobernador, señalando que era una sanción de carácter político, ya que se trataba de una trampa con el propósito de obstaculizar sus aspiraciones de ser candidato presidencial.
Desde que terminó su gobierno, incluso antes, ha señalado persecución política; sin embargo, tiene pendientes por aclarar 12 mil046 millones de pesos que le observó la Auditoría Superior de Federación (ASF), relacionados con el último año de su gobierno.
No ha aclarado las irregularidades en la construcción los cuarteles de la policía estatal, ni sobre los pagos irregulares para la construcción de los distribuidores viales, por señalar dos casos macro de corrupción.
De acuerdo con el informe de resultados de Auditoría Superior de la Federación (ASF), el exgobernador Silvano Aureoles en el último año ejercicio sumó 12 mil 046 millones de pesos en irregularidades, siendo el que más observaciones tuvo en comparación con otros estados, por lo que este órgano fiscalizador concluyó que esa administración estatal no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos de las participaciones federales.
De estos, 5 mil 43 millones no se comprobó en qué se ejercieron, y otros 3 mil 175 millones de pesos corresponden a un aumento en pagos de servicios personales sin autorización.
La ASF determinó que el gobierno de Michoacán incurrió en inobservancias de la normativa, al incrementar 3 mil 175 millones la asignación original de servicios personales y no presentar evidencia de autorización de ingresos excedentes por 5 mil 43 millones de pesos de libre disposición ni proporcionó la documentación de su destino.
Se reporta que otros 3 mil 828 millones, surgen de anomalías en pago de nómina y contratos. En este renglón se pagaron 212 millones 780 mil 800 pesos a categorías de personal no autorizadas; otros 526 millones 911 mil pesos mayores a lo autorizado. O bien se pagaron 60.7 millones a trabajadores que ya habían sido dados de baja o con licencia sin goce de sueldo.
Silvano Aureoles argumenta persecución, pero no aclara las cuentas, ni cómo se gastaron los recursos públicos. Un tema que es administrativo de cumplimiento de procedimientos, de transparencia y fiscalización lo pretende convertir en un alegato político, sin embargo, ser omiso es un lastre que irá arrastrando con su aspiración.
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