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El diputado del PRI se pronunció por la liberación de cerca de 100 personas que fueron recluidas de manera ilegal, en las instalaciones donde se ubicaba el Cereso J. Múgica
Morelia; Michoacán, 22 de abril de 2017.- Aplicar la ley con pleno respeto de los derechos humanos, demandó el diputado del PRI y presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil en el Congreso del Estado, Wilfrido Lázaro Medina, quien se pronunció por la inmediata liberación de las más de cien personas que el Gobierno del Estado tiene retenidas en lo que han llamado como Centro Especializado de Prevención y Rehabilitación de las Adicciones, debido a que se presume de ilegal su estancia.
El también secretario de la Mesa directiva en el Congreso del Estado, refirió que versiones de los recluidos y de sus familiares, señalan que están en lo que antes fue el Centro de Readaptación Social Francisco J. Múgica, sin su consentimiento y fueron «levantados» de su barrio o cercanos a su domicilio sólo porque a juicio que quienes lo hicieron «tenían mal aspecto».
Al coincidir plenamente con la Comisión Estatal de Derechos Humanos que ya abrió un expediente sobre este tema, Wilfrido Lázaro hizo un llamado para que todos los actos de la autoridad se realicen apegados a la Ley y con pleno respeto a los derechos humanos, y que el tratamiento de quienes sufren una adicción sea apegado a los protocolos que en materia de salud existen y de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud (OMS).
«No pueden ser quienes llaman al orden y el apego a la legalidad, los mismos que, a la vez, van en contra de la misma», aseguró el diputado local, al mencionar que el Centro de rehabilitación del que se habla no existe formalmente, así como tampoco hay un decreto administrativo que establezca su creación, por lo tanto no cuenta con un espacio digno para la atención de adicciones y se desconocen sus directivos, protocolos, manuales de procedimientos, organigramas, así como fuentes de financiamiento autorizadas, y la autorización de las familias o las mismas personas, para estar voluntariamente en ese lugar que apenas hace unos días era un centro penitenciario que fue desmantelado por la autoridad por la falta de condiciones dignas y de seguridad para las personas recluidas.
Subrayó que organismos nacionales e internacionales sobre psicología y adicciones, no ven como verdadera opción de recuperación la reclusión, por lo que sostuvo se debe trabajar en el proceso de prevención de adicciones de acuerdo a las normas federales de salud, y reiteró su llamado para que de inmediato todas aquellas personas que estén sin su consentimiento, ni el de sus familias recluidos en este ex centro penitenciario, sean liberados.
“Han sido privados de su libertad sin que se les haya generado un procedimiento legal que lo permita o tengan en su haber alguna orden judicial. Todo lo que sea distinto a la liberación de una instrucción judicial, deriva en una acción ilegal o en una retención ilegal o privación de la libertad, por lo que deben de ser liberados y entregados a sus familias de forma inmediata”, aseguró el legislador.
Asimismo pidió a las autoridades de Seguridad Pública explicar e informar en torno a las razones legales, mediante las cuales se actuó en este caso y señaló con urgencia la anulación de estos operativos que carecen de legalidad.
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