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Desde el Congreso del Estado trabajaremos para aportar para que el Sistema de Justicia Penal cumpla con los objetivos para lo cual fue creado, afirmó la coordinadora de la Representación Parlamentaria en la LXXV Legislatura Local, al participar en el Panel «Retos y Avances de la Justicia en Michoacán», en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
La diputada perredista expuso que los retos de la justicia en Michoacán es la constante transformación, para estar al día con las expectativas y demandas de la ciudadanía, en donde escuchó las propuestas de los presentes.
En el evento estuvieron la maestra Tania Haidee Torres Chávez, Directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo; la doctora Isabel Maldonado Sánchez, Fiscal Regional de Morelia; el doctor Víctor Barragán Benítez, magistrado de la Séptima Sala del Poder Judicial del Estado; el doctor Raúl Carrera Castillo, catedrático e integrante de la barra de abogados en la entidad y en representación de la misma maestro Ricardo Díaz Ferreyra.
Fanny Arreola recalcó que “se debe de garantizar el acceso oportuno a la justicia de las y los michoacanos que confían la resolución de sus conflictos, así como tutela de sus libertades y derechos a la judicatura estatal, sabiendo que obtendrán una decisión justa, pronta y apegada a la ley”.
“Nuestro país atraviesa un momento crucial para la procuración de justicia, pues se está efectuando la transición de las procuradurías locales y federal hacia fiscalías autónomas. Esto abre un espacio de oportunidad, no sólo para garantizar que el cambio no sea meramente nominativo, sino también para que la reorganización de estas instituciones se ajuste al criterio del uso estratégico de los recursos disponibles y de su focalización, y lograr así una mayor eficacia en la atención del fenómeno delictivo”.
En ese sentido, recalcó que para que el Sistema de Justicia Penal pueda generar resultados satisfactorios requiere de un andamiaje institucional sólido, que soporte su operación, lo cual implica que deben confluir diversos factores: la presencia de un marco normativo alineado con los principios del sistema acusatorio; personal operativo con las capacidades necesarias y suficientes para desempeñar adecuadamente sus funciones y que, a su vez, trabaje bajo modelos de gestión que optimicen su labor, apoyados en sistemas tecnológicos eficientes.
Sobre el Código Nacional de Procedimientos Penales refirió que el objetivo es establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, y así contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
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