By Intentaba dedicar esta columna para periodistas al Primer Informe (2012-2016) del Mecanismo de Protección de la Segob, que presentó Patricia Colchero el 7 de diciembre. Pero trascendió aún más el conflicto entre directivos y trabajadores de La Jornada; pelea que podría derivar en la desaparición del diario que recién cumplió 32 años. Ese conflicto atrae la atención porque lo qué pasa allí, parece otro peldaño de su déficit financiero que desde 2014 siguió acumulándose por insuficiente publicidad en sus páginas y deficientes estrategias de conducción; y eso precisamente, el desequilibrio entre ingresos y costos de un periódico posicionado, es apenas una pequeña y triste muestra de cómo empeora esa crisis desatada hace ya diez años en el modelo mercantil de la prensa y que en México derivó, estos días, en miles de despidos y otras expresiones en Reforma, Televisa, TV Azteca, Milenio, Excélsior; esto es, en los grandes medios industrializados.
Todavía más, esta crisis, se agudizará con el 2017, con peores efectos, en las aproximadamente 132 televisoras y radios públicas que deberán ajustar sus nóminas por las brutales reducciones de presupuesto y en centenares de medios periodísticos no lucrativos impresos y digitales, porque el gasto publicitario se reducirá más drásticamente para ellos. La mayor preocupación es que ya comenzó otra oleada de desempleo masivo, como en 2008, entre técnicos, administrativos y periodistas. Ya es problema de Estado. Las personas que desde los puestos burocráticos debieran estar atentos a este fenómeno todavía no manifiestan preocupación de cómo se ha convertido en un problema de Estado de alcances incalificables, todavía. Mi hipótesis es que no se trata solamente de ajustes económicos en la industria de la comunicación y las noticias sino que está crisis provoca anomia social, más aceleradamente desde que comenzó el actual sexenio por el desarrollo del criticismo en los medios que así creen poder recuperar audiencias, anunciantes e ingresos.
Las ansias de recuperar credibilidad y aceptación en la mayoría de los medios de prensa hacen que reviva aquel viejo apotegma del régimen de conveniencia entre la prensa y los gobiernos, aquella ecuación de “si no me das publicidad, revelaré lo que averigüe de ti”. Este es un factor que todavía se niegan a considerar los burócratas de la comunicación política. La búsqueda de un modelo exitoso de negocios en tiempos complejos, en un mercado mediático y periodístico hipercompetido, con pocas reglas, sin un árbitro conocedor, pero que además no le alcanza para dar más publicidad a todos, generó líneas periodísticas de mayor libertad, críticas, reveladoras de la corrupción, de las malas prácticas y de cualquier exceso de gobernantes. Ese es factor indiscutible de la anomia o de la ingobernabilidad que se extiende.
El desencanto y mal humor social que se traduce en caídas estrepitosas en la aceptación pública de los políticos más conocidos y en instituciones muestra los efectos del actuar de los medios y elevó los niveles de esa anomia que cabalga a trote veloz hacia la ingobernabilidad por falta de respeto y de temor a las leyes e incluso a policías y soldados de amplios sectores sociales. En resumen pues, este problema de mercado se está tornando ya en un problema de Estado. Y vienen las elecciones de 2017 en medio de tiempos económicos más difíciles. A situación especial, medidas especiales. En 2010 algunos propusimos examinar más detenidamente los efectos que en México tenía la crisis de la prensa impresa en el mundo (acentuadamente en Europa y América). La búsqueda de alternativas se ha multiplicado al infinito, pero en muy pocos países han intervenido los Estados con medidas especiales.
El principio para que los gobiernos intervengan con medidas especiales, además de mantener la gobernabilidad, es que sus gobernados tengan acceso a la información suficiente, oportuna y sin enfoques dolosos para que puedan tomar decisiones colectivas con más conciencia y menos manipulación de medios y periodistas enojados o con causas no periodísticas. En 2010 este reportero recopiló varias alternativas que parecían viables para enfrentar los aspectos más dañinos que le ocurren a la prensa mexicana: esta crisis por insuficiencia de ingresos y el ciclo de agresiones y asesinatos que sigue en espiral ascendente, producto de la impunidad y las incapacidades del sistema de justicia.
En resumen, si creo necesario que el Estado intervenga, comenzando por el gobierno federal que tiene posibilidades realistas para diseñar un programa especial (emergente) que contemple la ley postergada para el gasto público publicitario, pero de alcance general para que pueda intervenir en el marcado nacional de la publicidad para equilibrarlo (se gastan entre 17 y 21 mil millones de pesos anuales en todos los niveles e instancias de gobierno, lo que significa alrededor del 20 por ciento del gasto total privado y público).
La otra medida viable es ampliar la ley de protección a periodistas, en la que se declare al ejercicio del periodismo “actividad del interés público” para que se le den garantías y protección a su libre ejercicio, frente a quienes le agredan y ante las distorsiones del mercado. Esto implicaría también extender la actual protección cautelar a la protección económica para cuatro tipo de empresas o medios de prensa: privada, publica, social (los medios sociales no lucrativos) y mixta (alianzas entre privada y social). El Estado tiene que reaccionar.
Rogelio Hernández López.
SemMéxico, 12 diciembre 2016.
Comments