Morelia, Michoacán, 17 de diciembre de 2020. A fin de garantizar a los michoacanos, servicios públicos eficientes y de calidad, los integrantes de las Comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Deuda Pública, se reunieron para finalizar con la asignación de montos del Derecho al Alumbrado Público, en cumplimiento a lo que por ley ha quedado establecido.
En este sentido, los diputados Antonio Martínez, Arturo Hernández, Wilma Zavala, Octavio Ocampo, Ernesto Núñez, Adriana Hernández, Yarabí Ávila, Hugo Anaya, Cristina Portillo y Baltazar Gaona, integrantes de ambas comisiones, coincidieron al señalar la urgencia de generar equilibrios entre las necesidades de los ciudadanos, así como en colaborar con los ayuntamientos para la planeación efectiva del gasto público, especialmente en estos tiempos de retos para las finanzas públicas.
Aunado a ello, el presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, Antonio Martínez, expuso que en materia de leyes de ingresos, este jueves han finalizado las proyecciones de cobros bimestrales en materia del servicio del alumbrado público, con la aprobación de las propuestas de Chucándiro, Chinicuila, Tumbiscatío, Venustiano Carranza, Arteaga, Zináparo, Turicato, Santa Ana Maya, Acuitzio del Canje, Puruándiro, Salvador Escalante, Morelos, Cherán, La Huacana, Madero, Queréndaro, Briseñas, Yurécuaro, Coalcomán, Tocumbo, Coahuayana, Ziracuaretiro, Peribán, San Lucas, Pátzcuaro y Morelia.
En el mismo tenor y luego de un análisis detallado, los diputados integrantes de ambas Comisiones, aprobaron las leyes de ingresos del municipio de Maravatío y Morelia, con incrementos promedio al 4 por ciento en tarifas por servicios municipales, mientras que en el caso de Morelia, se acordó no incrementar los costos por el servicio del agua, como lo habría solicitado el cabildo en un alcance presupuestal que fue enviado para su estudio y análisis a este Poder Legislativo.
Cabe señalar que en los próximos días, estos acuerdos serán turnados ante el Pleno del Congreso local para su respectivo análisis, discusión y votación.
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