Morelia; Michoacán, 13 de junio de 2019.- Al reconocer el derecho fundamental de los niños a la educación y el cual debe garantizar el Estado, especialmente para los cientos de menores de edad deportados de Estados Unidos de América a territorio michoacano, el Pleno de la 74 Legislatura aprobó un exhorto para diversos funcionarios estatales, a fin de que rindan un informe pormenorizado sobre las acciones implementadas por sus dependencias en torno a esta problemática.
Así, los diputados locales solicitaron a los titulares de la Secretaría de Educación, Secretaría del Migrante, Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana y la Procuradora de Protección de niñas, niños y adolescentes, a que informen al Pleno, en un plazo no mayor a treinta días, sobre las acciones que se han realizado para que las niñas, niños y adolescentes que han sido deportados y repatriados de Estados Unidos de América, puedan integrarse a los planteles educativos estatales.
Además, solicitaron al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para que a través de las visitadurías regionales y en coordinación con autoridades estatales y municipales, en el marco de sus atribuciones, garanticen que se cumpla el derecho humano a la educación de estos menores y que puedan ingresar a los centros educativos de sus municipios.
En la exposición de motivos, los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos. Teresa Mora Covarrubias, Adriana Gabriela Ceballos Hernández, Francisco Javier Paredes Andrade, Antonio Soto Sánchez y Fermín Bernabé Bahena, insistieron en la urgencia de sentar las bases para la realización de proyectos de vida que valgan la pena y lograr así el mayor grado de autonomía posible en el ser humano, poniendo énfasis en lo que padecen cientos de menores de edad deportados de Estados Unidos a territorio michoacano, que aunado al desarraigo cultural, lingüístico y afectivo resultante de la repentina deportación, los sitúa en extrema vulnerabilidad e inminente riesgo de sufrir daños de imposible reparación.
De lo anterior, mostraron su respaldo a la propuesta del diputado Arturo Hernández Vázquez, toda vez que dado el problema migratorio en México y los que se desprenden de las deportaciones masivas de los últimos años, son de una enorme complejidad y responden a factores políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales y en especial, a la precarización de la vida en amplios sectores de la sociedad mexicana.
Por ello, su solución requiere implementar de manera urgente, una compleja serie de elementos multidisciplinares, interculturales y estructurales que se materialicen en políticas públicas integrales con enfoque diferencial, de niñez, de género, de igualdad sustantiva y de goce efectivo de derechos humanos, finalizaron los diputados.
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