Congreso impulsó marco legal para protección de las niñas, niños y adolescentes

• Se han realizado reformas para prevenir, combatir y erradicar delitos que se cometen en contra de los menores

Morelia;  Michoacán,  21 de Noviembre de 2017.-  La LXXIII Legislatura ha establecido las bases jurídicas en materia de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de erradicar el maltrato y otros delitos de los que son víctimas, destacó el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso,  Miguel Ángel Villegas Soto.

En el marco del Día Mundial  de la Infancia, el legislador abundó que se han presentado diversas iniciativas, entre las cuales destaca la obligación de las autoridades estatales, municipales y organismos autónomos  para que difundan y promuevan la protección de los derechos infantiles y de los adolescentes.

En su intervención luego de escuchar a los menores, quienes explicaron la problemática que viven, Villegas Soto, comentó que el Congreso  ha mostrado su interés en el tema y se ha estructurado un andamiaje jurídico que permite generar condiciones sanas y evitar la violencia que están propensos a vivir.

De igual forma se reconoció el derecho a la paz, promoción de espacios de convivencia pacíficas e inclusivas en concordancia con la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas.

En los últimos días el Congreso ha discutido las acciones de prevención, atención y erradicación del ciberbullying y otros delitos que se comenten a través del internet y las redes sociales. 

El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso, también dio a conocer que se han realizado modificaciones a las leyes para que niños y niñas que viven en los centros penitenciarios, reciban la atención integral correspondiente, así como las modificaciones a la ley para prevenir y evitar la alieneación parental considerándola violencia familiar y finalmente reconocer los derechos a la igualdad y no discriminación de los niños, niñas y adolescentes.

Desde el Congreso se ha exhortado a los Ayuntamientos a la instalación de los Sistemas Municipales de Protección Integral que establece la legislación.

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