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Andrea Villanueva y Carlos Quintana, coincidieron al señalar que las omisiones y los actos de corrupción han debilitado gravemente el aparato de gobierno
Morelia, Michoacán, 30 de mayo de 2017.- Al considerar que Michoacán inicia una nueva etapa de transparencia, rendición de cuentas pero sobre todo, una reingeniería a todas las instituciones de gobierno para recobrar la confianza ciudadana, los diputados Andrea Villanueva y Carlos Quintana Martínez, aprobaron en trabajo de Comisiones, diversas reformas a 4 leyes estatales para instaurar el Sistema Estatal Anticorrupción.
En este sentido la también integrante de la Comisión de Gobernación, Andrea Villanueva, expuso que uno de los anhelos de los michoacanos es “arrancar” de toda la estructura gubernamental la cultura de omisiones y acciones que desencadenan en corrupción, las que a decir de la diputada panista, “han debilitado gravemente todo el aparato de gobierno”.
De ahí que celebrara la instauración del Comité de Participación Ciudadana, el cual estará integrado por michoacanos destacados por su contribución a la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción; nombrados por una comisión ciudadana a través de convocatorias abiertas a instituciones educativas, de investigación, así como organizaciones de la sociedad civil.
Por su parte, Carlos Quintana Martínez, integrante de la Comisión de Justicia, conminó a los funcionarios que integrarán el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, asumir un compromiso absoluto con la sociedad y ejecutar debidamente las leyes que contemplan este Sistema, como el Auditor Superior, el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, el Secretario de la Contraloría del Estado, el Presidente del Poder Judicial, el Presidente del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa.
Otro de los aspectos que destacó el diputado panista, fue la construcción de una Ley de Responsabilidades Administrativas que contempla de manera clara y contundente las sanciones contra cualquier funcionario pero además, contra los particulares que coludidos con un ente de gobierno, incurran en delitos como soborno, tráfico de influencias, uso indebido de recursos públicos, entre otros que han deteriorado la credibilidad de todos los órdenes de gobierno.
Finalmente ambos representantes se comprometieron a seguir trabajando desde las mesas técnicas y en el debate parlamentario, por la reconstrucción de todo el sistema gubernamental de la entidad, además de permitir que sean los ciudadanos quienes vigilen con absoluta transparencia, el actuar de quienes ostentan un cargo público.
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