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La Dirección Nacional Extraordinaria acuerda iniciar procedimiento sancionatorio a los diputados del PRD que votaron a favor de la militarización constitucional del país con la Guardia Nacional.
Desde que Felipe Calderón anunció la escalada militar para combatir al narcotráfico, el PRD señaló que ese no era el camino y que las consecuencias serían muy graves. El tiempo nos dio razón y tras doce años de continuidad, se puede afirmar con sustento en la evidencia que la estrategia ha sido fallida y contraproducente.
Más de 220 mil asesinados y 30 mil desaparecidos por la incontenible espiral de violencia, así como las crecientes violaciones a derechos humanos, la infiltración y debilitamiento del Estado mexicano, la cooptación de autoridades, policías y militares en todos los niveles por parte del crimen muestran el tamaño de la crisis humanitaria e institucional en la que país está sumido.
La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador que se aprobó en la Cámara de Diputados traiciona la oferta de cambio que hizo en campaña y no sólo propone más de lo mismo sino que lo profundiza y, peor aún, lo perpetúa al establecer en la Constitución una Guardia Nacional militarizada con facultades de investigación ministerial y de perseguir delitos incluso del fuero común; una fuerza centralista que pasa por encima de la soberanía de los estados y de la autonomía municipal.
No estamos ante un asunto menor. Costó mucho a los mexicanos establecer la preeminencia del ámbito civil después de la Revolución; una bandera histórica de la izquierda que padeció el asesinato de Rubén Jaramillo, las represiones a ferrocarrileros, médicos y estudiantes en los 60´s, la guerra sucia de los 70´s, por no hablar de la prisión en el Campo Militar Número Uno, del Dr. Salvador Nava, quien fue candidato del PRD en 1991.
A pesar de esos acontecimientos históricos, valoramos el papel de las Fuerzas Armadas y su sacrificio en la defensa de la soberanía del país, de la seguridad nacional y de auxilio en la población en caso de desastre. Reconocemos que han enfrentado al crimen organizado en lugares donde el crimen ha rebasado la capacidad de respuesta de las fuerzas civiles. Pero la solución está en lo que le falta al plan de la actual administración: la formación de policías profesionales, confiables y con buenas condiciones para que pudieran ir sustituyendo paulatinamente a soldados y marinos de las calles.
Consideramos que es un error que el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea salgan del campo de sus actuales atribuciones constitucionales, las cuales realizan con excelencia y patriotismo. La seguridad pública no es uno de ellos, como tampoco la son la construcción de aeropuertos, carreteras o desarrollos inmobiliarios.
No se puede avalar la militarización del país e ir en contra del programa, la historia y los principios del PRD. Además, en la Dirección Nacional se acordó un resolutivo unánime que establecía nuestra inequívoca oposición. Los diputados que sorpresivamente votaron a favor no expresaron su diferencia ni comunicaron sus razones. Algunos de ellos no asistieron a la reunión organizada de dirigentes y legisladores con el colectivo “Seguridad Sin Guerra”. Tampoco subieron a tribuna a explicar porque apoyaron tamaño despropósito militarista.
Reprobamos que diputados del Grupo Parlamentario hayan contribuido a darle la vuelta a la sentencia de la SCJN que declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, modificando la Carta Magna, y condenando a los mexicanos a la continuación y escalamiento de la guerra, así como ignorar numerosas voces de expertos, académicos, investigadores, comisiones nacionales e internacionales de DDHH, así como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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