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*Morelia, Michoacán, 25 de febrero del 2019*.- La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el dictamen para ratificar en el pleno del Congreso del Estado la Ley de Extinción de Dominio, que otorga facultades para que los bienes patrimoniales de personas relacionadas con diversos delitos pasen a ser propiedad del Estado.
Después de ser aprobada por el Congreso de la Unión la reforma a los artículos 22 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la enmienda inició su recorrido por las entidades federativas para ser votada en las legislaturas locales; para su entrada en vigor se requiere que por lo menos 17 congresos estatales ratifiquen su aprobación.
Erick Juárez Blanquet, Alfredo Ramírez Bedolla y Marco Polo Aguirre Chávez, presidente e integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, respectivamente, adelantaron que la Ley de Extinción de Dominio será avalada por el Congreso de Michoacán, ya que representa un importante avance en la lucha contra el crimen, toda vez que tiene como objetivo impactar en el poder financiero de quienes transgreden la ley, y sobre todo de la delincuencia organizada.
El diputado de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla, subrayó que un aspecto relevante de esta enmienda es que cede el acto de extinción de dominio a la justicia en materia civil, de manera autónoma a la materia penal, lo que permitiría actuar de manera más ágil y con mayor eficacia. Otro avance importante de la ley, añadió, es que la extinción de dominio será considerada imprescriptible.
La extinción de dominio aplicará sobre los bienes propiedad de personas que hayan incurrido en delitos como delincuencia organizada, corrupción, robo de hidrocarburos, secuestro, trata de personas, feminicidio, y desaparición forzada, entre otros.
Una vez aprobado el dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales, será turnado al pleno de la LXXIV Legislatura para someterlo a votación de los diputados. Ramírez Bedolla confía en que esta reforma, de orden prioritario para el Gobierno de México y legisladores afines a la cuarta transformación de la República, contará con el aval del Congreso michoacano.
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