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-El territorio mexicano se tiñe de sangre, mientras organismos internacionales califican a nuestro país como uno de los más letales y peligrosos del mundo
En estos momentos atravesamos por el momento de mayor violencia e inseguridad de la historia reciente de nuestro país, en donde la ausencia del Estado Mexicano para establecer orden, colocan a los ciudadanos en una situación de zozobra y temor permanente, lamentó el diputado Humberto González Villagómez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.
El diputado por el distrito de Puruándiro refirió que los últimos datos reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, revelan que entre enero y noviembre de 2019, se registraron 32 mil 604 asesinatos en el país, lo que representa homicidios por hora en México y casi 98 al día.
“El territorio mexicano se tiñe de sangre, mientras organismos internacionales califican a nuestro país como uno de los más letales y peligrosos del mundo. Todo ello parece no importar a quienes desde la federación tienen la responsabilidad constitucional de velar por la seguridad de las y los mexicanos”.
El legislador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, apuntó que desde los estados de la República se debe estudiar la ruta legal para que, frente a la incapacidad y desinterés federal, sea desde las Entidades que se genere y asuma en un gran esfuerzo común, la política nacional de combate al crimen y la delincuencia.
“Todos somos testigos cómo la ausencia del Estado Mexicano en materia de seguridad, ha lacerado y lastimado a comunidades enteras, generando pueblos fantasmas o estados de excepción en donde la delincuencia asume de facto el poder”, señaló Humberto González.
Recalcó que en un país azotado por la delincuencia como lo es México, el poder público no puede ser laxo, ya que al hacerlo pone en riesgo su propia existencia, mucho menos puede dejar al arbitrio de las autoridades responsables de la seguridad pública, la aplicación de la ley.
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