Con el objetivo de garantizar acciones integrales que promuevan el desarrollo sostenible inclusivo, con políticas públicas que disminuyan la desigualdad y generar oportunidades para los sectores históricamente excluidos, al promover la prosperidad compartida, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV, Legislatura Local, Araceli Saucedo Reyes presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Económico del Estado.

Al hacer uso de la tribuna, la legisladora subrayó que es imperativo la formulación de estrategias y planes del desarrollo para garantizar que incorporen acciones que promuevan el desarrollo sostenible inclusivo, a través del que se protejan los derechos y potencien las capacidades humanas y con ello garantizar el crecimiento del estado y de los ciudadanos.

En esta iniciativa, se establece que el desarrollo sea inclusivo y sustentable en todas las regiones y sectores económicos en el estado, con el fin de aumentar el ingreso de sus habitantes y mejorar su calidad de vida.

Por lo anterior propuso promover el empleo productivo y de calidad y el trabajo, el cual es una clave para el desarrollo social inclusivo y también plantea proporcionar herramientas y asesorías en políticas para luchar contra la exclusión, la marginalización y la creación de empleo.

Con la iniciativa de reformas, Araceli Saucedo resaltó se mejorarían las capacidades productivas, el consumo sostenible y las pautas de producción para integrarlos mejor en el sistema económico con el fin de priorizar el desarrollo sostenible y reducir la pobreza y la desigualdad.

En la iniciativa plantea promover la gestión de conocimiento sobre el desarrollo económico inclusivo a nivel regional para promover sinergias y reducir costos en el proceso de aprendizaje y también la movilización de recursos internos y la adopción de mecanismos de financiación innovadores para la sostenibilidad ambiental y la energía limpia.

“La mejor política social es la política económica con sentido y vocación social y ambiental, ante las estadísticas de pobreza y la vulnerabilidad de los ciudadanos, debe ser una prioridad para todos el impulsar el desarrollo económico inclusivo y sostenible”.

De acuerdo con los resultados del CONEVAL, la evolución de la pobreza de 2010 a 2016 en Michoacán reflejan que pasó de 54.7 a 55.3 por ciento, lo que representó un incremento de la población en pobreza de 141 mil personas.

En el mismo periodo, el porcentaje de los ciudadanos en pobreza extrema disminuyó de 13.5 a 9.4, es decir, 163 mil personas menos.

En ese sentido, en las reformas Araceli Saucedo establece que la dependencia responsable del desarrollo económico tendrá que generar estrategias que mantengan el desarrollo continuo y sostenible de la economía, generando herramientas para alcanzar un desarrollo sustentable, equilibrado, incluyente y equitativo. Además de que se deberá garantizar que la política económica tendrá como enfoque la generación de riqueza y el desarrollo económico en zonas con mayores necesidades sociales y de empleo.

Así también la creación de empleos de calidad con derechos, y que se asocien a sectores que impulsen la producción de bienes y servicios ambientales y procurar una mejor redistribución de la riqueza, especialmente para el crecimiento del ingreso y el mejoramiento del poder adquisitivo de los habitantes del Estado.

“En esta iniciativa establecemos la responsabilidad de las autoridades para que impulse sectores intensivos en conocimientos e innovación que garanticen el crecimiento económico inclusivo y sostenido; además de que se fomente actividades económicas que respeten el medio ambiente, con patrones energéticos limpios y de producción y pautas de consumo menos contaminantes, basado en el aprendizaje y la innovación”.

Finalmente la diputada local por el Distrito de Pátzcuaro hizo énfasis que la política económica observará, atenderá y respetará de manera invariable las libertades fundamentales y los derechos de los ciudadanos; tales como el derecho a la propiedad, el derecho al trabajo, el derecho al empleo y el bienestar de las personas.