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Morelia, Mich., a 23 de noviembre del 2019.- En sesión ordinaria, el Congreso local aprobó dos dictámenes con proyecto de acuerdo presentados por la Comisión de Puntos Constitucionales, por los que se remiten al Congreso de la Unión, las iniciativas con proyecto de decreto para reformar diversos artículos de la Ley de Coordinación Fiscal.
En ese sentido, se aprobó el acuerdo por el que se remite al Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto que reforma del primer párrafo del artículo 2º de la Ley de Coordinación Fiscal de la Federación.
El dictamen presentado por los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, en relación a la iniciativa presentada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene como objetivo aumentar el porcentaje del Fondo General de Participación del 20% al 30% de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio.
La comisión dictaminadora determino que la propuesta es viable y oportuna, ya que brindaría a los estados y municipios, certeza jurídica y presupuestal para el óptimo desarrollo de los programas y proyectos que se pudieran impulsar; así mismo, se garantizaría el pago de la deuda contratada.
Asimismo, se aprobó el acuerdo por el que se remite al Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona las fracciones I, II, III, IV y V, el párrafo segundo y tercero al artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal de la Federación.
El dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, en relación a la iniciativa presentada por el diputado Humberto González Villagómez, pretende generar mecanismos que den certeza a la distribución de gasto en materia de seguridad pública en los municipios, específicamente en el gasto de profesionalización del personal adscrito a dichas funciones.
Esta perspectiva de análisis se considera viable y novedosa, pues se perfila en las condiciones de los operadores primarios del sistema de seguridad pública, la cual considera que no sólo es responsabilidad de los elementos el cumplimiento de las obligaciones, sino que la autoridad debe dotar de materiales e incentivos que permitan dignificar la profesional policial.
De igual forma, en ambos dictámenes se concluyó que la LXXIV Legislatura tiene competencia para la presentación de ambas iniciativas, al no existir supuestos de inconstitucionalidad en sus planteamientos, ya que sus contenidos no invaden los parámetros que la Constitución mandata.
Asimismo, se consideró que el estudio y discusión, que respectivamente realice el Congreso de la Unión, así como de su eventual aprobación, se dará certeza a la aplicación de los preceptos a los que se hace referencia.
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