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Morelia; Michoacán, 24 de abril de 2018.- En reunión de trabajo los diputados integrantes de las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, aprobaron el dictamen que contiene el Acuerdo mediante el cual se declara improcedente la denuncia de juicio político presentada por Godofredo Mejía Jiménez, en contra de Miguel Dorantes Marín y Genaro Álvarez Pérez, Magistrado de la Primera Sala Civil y Juez Mixto de Primera Instancia de Ario de Rosales, respectivamente.
El dictamen aprobado por los diputados Mario Armando Mendoza, Ángel Cedillo, Ernesto Núñez, Eduardo García y Cecilia Lazo de la Vega, presidente e integrantes respectivamente de la Comisión de Gobernación; así como Rosa María de la Torre, Donovan Rendón y Vanesa Mejía, presidente e integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, quienes estuvieron presentes en la reunión, contempla también la improcedencia de juicio político contra Marco Antonio Flores Negrete, Elí Rivera Gómez, Armando Pérez Gálvez, Rafael Argueta Mora y Jaime del Río Salcedo, integrantes del Consejo del Poder Judicial del Estado.
Asimismo, se dejan a salvo los derechos de Godofredo Mejía Jiménez para que se haga valer su derecho ante la autoridad competente en relación con los hechos que señalan en su escrito de denuncia.
Los legisladores contemplaron lo anterior, al estudiar y analizar la denuncia, así como las ampliaciones y los medios de prueba que ofreció el denunciante; determinando que los hechos denunciados no constituyen materia de juicio político toda vez que no se actualiza ningún supuesto de los establecidos en el artículo 30 de la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado y sus Municipios.
Sin embargo, señalaron que la Ley Orgánica del Poder Judicial, otorga atribuciones al Consejo del Poder Judicial para solicitar al Congreso la destitución alegando los elementos que fundamente y motiven su petición, siendo la Comisión de Vigilancia y Disciplina es la encargada de conocer de las responsabilidades de los servidores públicos del Poder Judicial.
Al respecto la diputada presiente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Rosa María de la Torre, señaló que el dictamen aprobado deja a salvo los derechos del denunciante para que acuda ante la autoridad competente a hacerlos valer.
Destacó, que el Congreso del Estado no es una autoridad que deba conocer de trámites entre particulares y recursos interpuestos por inconformidad de sus resoluciones, ya que existen autoridades competentes que deberán conocer, analizar y resolver lo relacionado a sus inconformidades.
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