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Morelia, Michoacán. A 23 de junio de 2020. En Morena consideramos acertada la estrategia impartida por el presidente de la república, la cual dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial.
Ante este acuerdo emitido el pasado 11 de mayo, en el Diario Oficial de la Federación, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, ha interpuesto una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto del Ejecutivo Federal, bajo el supuesto de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está obligada a delimitar las atribuciones del ejército y las labores que habrá de realizar a favor de la seguridad y el combate a la violencia pues, según él, no han quedado claras.
En morena reconocemos el derecho del gobernador a presentar este tipo de recursos y alegatos, pero al mismo tiempo reprobamos su postura como parte de una estrategia política de confrontación, a la cual se suman gobernados de los estados de Colima, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León y Aguas Calientes, lo cual no ayuda a mejorar las condiciones de coordinación y trabajo conjunto que todos los michoacanos esperan de ambos niveles de gobierno.
La seguridad civil ha sido afectada por la violencia que vive a diario nuestro país, la cual es producto de la descomposición social que han generado décadas de mal gobierno. Desde la permisividad que se le dio a los cárteles para su operación, hasta la corrupción que se filtró en los servicios públicos, para permitir que este mal se arraigara en la cultura nacional, con ello se afectó a familias, pueblos, municipios y ciudades importantes en la búsqueda de la posesión territorial. A esto se suman la pobreza, la falta de oportunidades y la exaltación de la violencia en los medios de comunicación, que integran un panorama complejo.
Sin embargo, el actual gobierno ha implementado medidas como los programas sociales, que impulsen el desarrollo y bienestar en comunidades anteriormente olvidadas. Estás medidas están aún lejos de lograr su objetivo. El incremento paulatino de la violencia nos dice que este fenómeno ha arraigado en la sociedad de tal manera que su extirpación pasa por una serie de acciones desarrolladas de manera integral desde diferentes ámbitos y a lo largo de determinado tiempo a fin de desarraigar la violencia.
Las acciones tomadas por el presidente están plenamente justificadas y responden a una estrategia para mejorar la eficiencia en el combate a la narcoviolencia y otros delitos; sobre todo, cuando nuestra entidad se encuentra entre las cinco más afectadas por este fenómeno y presenta niveles de violencia crecientes.
Para ello, el decreto emitido el pasado mes de mayo ha dejado claro que los derechos humanos estarán a salvo en la actuación de las fuerzas armadas, tal y como lo establece la Constitución y,
establece con claridad las funciones que realizarán en el ámbito de su competencia a fin de no invadir atribuciones y espacios que no le han sido encomendados.
Atentamente
Comité Ejecutivo Estatal
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