Un llamado a que se redoblen esfuerzos en la implementación de las políticas públicas en favor de la mujer, con la finalidad de contribuir a eliminar la violencia de género en sus diferentes modalidades, fue hecho por la Comisión de Igualdad de Género en la LXXIV Legislatura Local, tras el análisis y estudio del tercer Informe de Gobierno que guarda la Administración Pública Estatal, informó la diputada Lucila Martínez Manríquez.

La diputada presidenta de la comisión en mención, resaltó que se coincidió entre las legisladoras, que la violencia contra la mujer obstaculiza el avance y desarrollo de cualquier sociedad, aunado a que la violación de los derechos humanos provoca sociedades violentas y desiguales, entre otros fenómenos que impactan de manera negativa el día a día, por lo que es necesario que se fortalezcan las acciones coordinadas entre los diversos niveles de gobierno, a fin de generar un impacto positivo en la sociedad.

Lucila Martínez puntualizó que la igualdad jurídica entre las mujeres y los hombres, el respeto a la dignidad humana, la no discriminación y la perspectiva de género son gestiones indispensables para generar un entorno favorable para el buen desarrollo social de la población.

Por ello, dijo que en el dictamen se señaló que es necesario estrechar lazos de diálogo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como organizaciones de la sociedad civil, para implementar acciones inmediatas y coordinadas que redunden en el núcleo familiar para generar sinergias a favor del respecto a la mujer.

Dio a conocer que en la comisión se analizó de manera conjunta el Tercer Informe de Acciones del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujeres por razones de Género.

Durante el análisis se observó que las acciones que fueron atendidas entre otras son la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de la de la violencia contra las mujeres por razones de género, así como la obligación de establecer las políticas públicas y acciones gubernamentales necesarias para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, favoreciendo y promoviendo el desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación.

Se estableció que el análisis de resultados, evaluación de desempeño y la eficiencia y eficacia de los programas ejecutados, así como la aplicación oportuna de los recursos ministrados deberán ser fiscalizados por la Auditoria Superior de Michoacán en la Cuenta Pública Estatal, correspondiente al ejercicio del periodo que se informa.