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La 59 Legislatura mexiquense recibió iniciativas del titular del Ejecutivo estatal y de los grupos parlamentarios del PRI y del PRD orientadas a inhibir la comisión de delitos del fuero común, dotar a Ministerios Públicos y juzgadores de mejores herramientas, fortalecer la seguridad pública, tipificar delitos contra la economía pecuaria y para incrementar la seguridad de los usuarios del transporte público, respectivamente.
El titular del Ejecutivo envió a los diputados locales la iniciativa de adiciones al Código Penal del Estado de México para incrementar las penas en el caso de robo de mercancía cuando se cometa a bordo de un vehículo automotor y en la ejecución existan dos o más sujetos pasivos, así como por la reincidencia en el hecho; también propone aumentar las penas al robo a transporte público de pasajeros en sus diferentes clases y modalidades.
En sesión del Noveno Periodo Ordinario, la diputada María Fernanda Rivera Sánchez (PAN), leyó el documento que establece como agravantes del delito de robo, que quienes lo cometan pertenezcan o hayan pertenecido a una empresa de seguridad privada, cuando las víctimas sean mujeres, niñas, niños, adolescentes o adultos mayores, y cuando el delito se cometa contra transeúnte y exista reincidencia.
Por otro lado, la iniciativa busca tipificar el delito de asociación delictuosa, referido a la participación de tres o más personas en la comisión de delitos del fuero común. Asimismo, se encuadra el tipo penal de pandilla, consistente en la reunión habitual, ocasional o transitoria de tres o más personas que, sin que medie organización alguna entre ellas, aprovechan la oportunidad para cometer ilícitos.
En ambos casos, las penas se incrementan si el miembro de la asociación o la pandilla es, o fue servidor público del área de seguridad o empleado de una empresa de seguridad privada.
Se integra además a esta forma delictiva el delito cometido contra las personas menores de edad o quienes no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, a fin de protegerlos de quienes los reclutan con fines criminales.
La propuesta fue remitida a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia.
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