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Ciudad de México, 12 de septiembre de 2017.- La senadora de la república Iris Vianey Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRD; presentó una iniciativa con proyecto de decreto de reforma al Código Penal Federal; para prohibir el indulto por delitos de enriquecimiento ilícito y operación con recursos de procedencia ilícita.
La gracia del Indulto, es una figura tan antigua como el propio delito, tanto en los regímenes monárquicos como republicanos. Existe referencia al perdón, desde el Código de Hammurabi.
“En México, se integra esta gracia presidencial a nuestra constitución el 08 de octubre de 1974, en el artículo 89, mismo que permaneció intocado hasta el 29 de enero de 2016, eliminando el derecho al indulto a los sentenciados por delitos del orden común”, resaltó la legisladora.
Asimismo la senadora Iris Mendoza, expuso en la máxima tribuna de este país, que, en México se está ante dos figuras distintas: la declaración de inocencia o anulación de la sentencia por parte de los tribunales, para lo cual hay un procedimiento establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales; y, el indulto por parte del Presidente de la República, para el cual no existe en materia federal un procedimiento específico, solamente se señala que es en uso de sus facultades discreciones, por delito de carácter político o bien; cuando el sentenciado haya prestado importantes servicios a la Nación y sea previamente solicitado; ambas figuras proceden hasta después de dictada la sentencia.
“El indulto no se trata de un procedimiento, pues no existe una ley federal, reglamento o lineamientos que dirijan el actuar del Presidente de la República, únicamente lo hace en uso de facultades discrecionales y expresando sus razones y fundamentos.”
La corrupción es sin lugar a dudas, uno de los principales problemas que padece nuestro país, aunado a la inseguridad pública, la violencia, el narcotráfico y las operaciones con recursos de procedencia ilícita, señaló la senadora mendoza.
“El enriquecimiento ilícito y las operaciones con recursos de procedencia ilícita por parte de funcionarios y exfuncionarios es un delito que ofende a la sociedad de manera particular, al encontrarnos en un país con 55.3 millones de pobres y hecho por un servidor público, cuya función en todo momento debería ser, el favorecer a la sociedad y a los ciudadanos, pues cuando se daña al erario, se convierte en un acto de traición ciudadana.”
Para culminar la legisladora michoacana recalcó, que, debe eliminarse la posibilidad del indulto en los casos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, porque son delitos que ofenden a la sociedad de manera directa.
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