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Ahora todas serán grabadas y georeferenciadas para utilizarlas como prueba
· La decisión del Congreso del Estado de aprobar estas reformas, contribuyen a educar, prevenir, a concientizar y a asegurar el uso racional y responsable de los números de emergencia
Morelia; Michoacán, 13 de julio de 2017.- En Michoacán de cada 100 llamadas de emergencia un 96 son falsas, afirmó el diputado del PRI, Wilfrido Lázaro Medina, al celebrar la aprobación de las reformas al Código Penal y Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, por el Congreso del Estado, mediante el cual se tipifica el delito de uso indebido de los medios de comunicación de emergencia.
El diputado del PRI recordó que, como un ejercicio permanente de gobernanza, y como representante popular y concretamente en su participación en las Mesas de Seguridad y Justicia por todo el Estado, recogió las inquietudes y propuestas de la sociedad que por su trascendencia social convierten en norma, como en este caso las reformas al Código Penal y la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado.
“Las Mesas de Seguridad y Justicia del estado han mandatado que se revisara el tema del número de emergencia 911, ya que a nivel nacional de cada 100, 90 son falsas, y aquí estamos por encima de la media nacional en donde 96 de cada 100 son llamadas de broma, dijo el diputado del PRI en su intervención en Tribuna en el Pleno del Congreso del Estado.
Agregó que este tema es preocupante porque implica que el 96 por ciento de llamadas que reciben son falsas, lo que obstaculiza la posibilidad de emergencias reales y que se puede estar atendiendo bromas y que las personas que necesitan el servicio están en peligro por temas de salud o seguridad.
Finalmente mencionó que el propósito fundamental no es sólo contar con una nueva disposición coercitiva, sino que los órganos del Estado establezcan políticas públicas en las instituciones de Seguridad Pública, orientadas a educar, prevenir, a concientizar y a asegurar el uso racional y responsable de las tecnologías de la comunicación que el Estado pone al servicio de la población.
Además de la pena de uno a tres años de prisión, así como de multas que van de cien a quinientas unidades de medida y actualización y para los agravados, de dos a cuatro años de prisión y multas de quinientas a mil unidades de medida y actualización, utilizando el papel coercitivo del Estado para más que castigar preventivamente disuadir e inhibir una conducta injustificada que potencialmente puede ser criminal.
Asimismo, subrayó que, a partir de esta Reforma, se antecederá una advertencia a las llamadas de emergencia y denuncia indicando que serán grabadas, monitoreadas y georeferenciadas, que confió ayuden a disminuir todas aquellas que sean falsas.
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