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Ciudad de México, 18 de abril de 2017.- Los senadores de la república Iris Vianey Mendoza y Raúl Morón Orozco presentarán una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del Estado de Michoacán para que conduzca las investigaciones sobre los hechos del pasado 5 de abril en Arantepacua, Michoacán, con pleno respeto a los derechos humanos tanto de la comunidad como de los individuos involucrados, y para que la PGR atraiga el caso.
El pasado 5 de abril del presente año, en la comunidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, Michoacán, se dio un enfrentamiento en el que murieron 4 comuneros, hubo siete policías heridos; y varios detenidos que ya fueron liberados. Se afirma que el conflicto comenzó cuando fuerzas policiacas de Seguridad Pública de Michoacán, entraron con patrullas al poblado para recuperar vehículos que habían sido retenidos. Todo esto a pesar de que, en Morelia, la capital del estado, ya dialogaban una comisión de comuneros de la comunidad de Arantepacua y la subsecretaría de Gobierno estatal.
A partir de estos acontecimientos, la Fiscalía Regional ha iniciado una investigación y el Personal de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen ha llevado a cabo diligencias para el esclarecimiento de los hechos.
Estamos ciertos que se debe castigar a los responsables de la violencia del pasado 5 de abril en Arantepacua y esto significa respetar los derechos humanos y procesales tanto de la comunidad como de los individuos involucrados. No se debe obviar el momento que vive tanto Michoacán como el país: masacres como las Tlatlaya, en el estado de México y las de Apatzingán y Tanhuato, en Michoacán, por ejemplo, en las que tanto las actuaciones de los cuerpos de seguridad como de las instancias de investigación judicial ha sido cuestionadas debido al uso irracional y desproporcionado de la fuerza, así como la ausencia de respeto a los derechos humanos; todavía organismos de sociedad civil exigen se termine con esta impunidad sistémica que reproduce la violencia epidémicamente.
Exigimos que se garanticen los derechos humanos y la justicia en esta localidad michoacana y se castigue a los responsables. Se deben deslindar responsabilidades para sancionar a los causantes de este lamentable acontecimiento. Es urgente que se convoque a una mesa de diálogo entre las partes involucradas para encontrar una solución pacífica al conflicto. Los tres niveles de Gobierno deben reparar el daño ocasionado y hacerse responsables de la indebida actuación de la policía durante el enfrentamiento.
Además, se debe garantizar que no se volverán a repetir hechos de violencia como los ocurridos en Arantepacua. Es necesario que organismos de derechos humanos intervengan en las investigaciones y que el titular del Ejecutivo estatal se comprometa con la resolución de los conflictos a través del diálogo y cesen las acciones de confrontación con la disidencia social.
Por lo anterior, el Gobierno de Michoacán debe dar cabal cumplimiento a su función de protección de la seguridad de las y los michoacanos y a una procuración de justicia objetiva e imparcial, conducirse con eficacia y profesionalismo en las investigaciones sobre estos hechos y asegurar que no permanecerán impunes, todo ello para recuperar un estado de paz, seguridad y coadyuvar con el Estado de derecho.
En Arantepacua existe la presunción de que servidores de seguridad pública cometieron actos ilícitos, así como múltiples violaciones de derechos humanos. Y en el contexto de impunidad que vive el país, de incapacidad de las instituciones de gobierno para garantizar la no repetición de violencia contra las comunidades indígenas, se debe actuar con eficacia y respeto a libertades y derechos.
Los problemas de violencia criminal, delincuencia organizada, narcotráfico, entre otros que aquejan a nuestro país, no legitiman el empleo de la violencia institucional; el combate de los delitos no puede encontrar respuestas y vías en las violaciones a derechos humanos. Los actos de abusos de la autoridad deben ser castigados y resulta muy lamentable exigir la determinación de responsabilidades de los superiores jerárquicos en México, porque la respuesta es prácticamente inexistente, la impunidad en lo que respecta a investigar y sancionar a funcionarios también es latente.
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