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Ciudad de México.- El diputado Luis Ernesto Munguía González (Movimiento Ciudadano), impulsa una iniciativa para evitar que dentro de los requisitos de reclutamiento de personal profesional se solicite a los aspirantes ser egresados, exclusiva o preferentemente, de universidades públicas o privadas. El legislador plantea reformar los artículos 9 y 3 de las leyes federales para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y la del Trabajo respectivamente, con la finalidad de establecer que se considerará discriminación cuando en los procesos de reclutamiento de personal profesional, en publicaciones o avisos, se estipule como requisito ser egresado de una institución determinada.
De igual manera, se prevé estipular que este tipo de aptitudes restringen oportunidades de acceso al empleo, además de que atentan contra la dignidad humana. Desafortunadamente en México, como en otros países, existen muchas formas de discriminación, motivadas por todo tipo de diferencias entre las personas. De las más nocivas y omnipresentes, aunque a veces pase inadvertida, es la discriminación por causas de origen socioeconómico. Esto, a pesar de que la Constitución establece que “queda prohibida toda discriminación motivada por la condición o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
Sin embargo, para los profesionistas que se encuentran en la penosa tarea de conseguir un empleo es común encontrar en las ofertas de trabajo la siguiente leyenda: “Se solicita profesionista, preferentemente egresado de las universidades privadas X, Y y Z”, contraviniendo las disposiciones contenidas en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. “Es sorprendente cómo este acto de discriminación pasa desapercibido, sin ser reconocido como tal; de hecho, es muy común ver este tipo de ofertas emitidas por despachos jurídicos y empresas que cuentan con departamentos, coordinaciones o gerencias jurídicas, de quienes se espera que actúen con conocimiento del marco normativo”.
Hay quien defiende este tipo de prácticas discriminatorias aduciendo que se trata de ponderar la libertad de la empresa de elegir al personal con sus propios criterios, buscando mayores estándares de calidad; “esto es mentira porque ser egresado de universidades privadas no es sinónimo de calidad en la formación o viceversa. Es sencillamente un prejuicio”. “Si una empresa quisiera asegurarse de obtener la mayor calidad en su plantel laboral, debería examinar a los aspirantes y no descartar de un plumazo a los egresados de cierto tipo de instituciones educativas”. Munguía González añadió que el 60 por ciento de los profesionistas en nuestro país son de instituciones públicas, según la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
De acuerdo con una encuesta de la Revista Latinoamericana de Educación Superior, en 2008, la media de sueldo mensual bruto para encuestados de universidades públicas y privadas resultó de 4 mil 375 pesos para los primeros y 20 mil 300 pesos para los segundos. Esta misma publicación indicó que en los puestos directivos resultaron mucho mejor posicionados los egresados de universidades privadas con un 39.6 por ciento, mientras los de instituciones públicas sólo alcanzaron un 7.4 por ciento. La iniciativa propone terminar con esta forma de discriminación que no sólo afecta a egresados de universidades, sino directamente al principio de educación pública.
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