PUNTO DE INFLEXIÓN
Jaime Márquez
Después de dos hechos violentos recientes en Morelia, el primero con la quema de tres bares en Altozano y el segundo tras el ataque a balazos en una plaza comercial, donde resultaron lesionadas cinco personas, se ha vuelto a poner sobre la mesa la urgencia de la coordinación en materia de seguridad entre estado y municipio.
Al respecto Alfonso Martínez ha sido renuente, aunque tras el ataque del fin de semana cambió de parecer y expresó que el ayuntamiento moreliano está en la mejor disposición de sumarse a la coordinación con el estado, en el tema de seguridad y aceptar la presencia de la Policía Auxiliar en labores de vigilancia privada. Esa declaración por sí misma es un avance.
Para esa labor, se ha informado que la Policía Auxiliar cuenta con 1 mil 730 policías capacitados que brindan protección a empresas e instituciones, aunque la meta es que crezca hasta 8 mil elementos.
En tanto, Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno, reconoció la voluntad de Alfonso Martínez para coordinarse con la administración Bedollista en materia de seguridad. Aseguró que el gobierno estatal se encuentra listo para signar los convenios de seguridad que permitan reforzar los operativos en la capital michoacana, porque está claro que el Gobierno de Morelia, sin apoyo no puede con la responsabilidad de garantizar la seguridad de los morelianos.
Sin andarse por las ramas, expresó que Morelia es uno de los municipios más violentos del estado, por lo que requiere de la intervención inmediata del gobierno estatal y federal.
Para aclarar sobre el tipo de convenio que se pretende, el gobernador Alfredo Ramírez, aseguró que no se trata del tipo de coordinación de mando único o mando unificado, mediante los cuales se despojaba a los municipios del presupuesto; sino por el contrario, se aportan recursos a los ayuntamientos a través de Fortapaz.
Con esas voluntades expresadas desde sus puestos de responsabilidad y con distintos matices, se coloca en el centro la seguridad de los morelianos; sin embargo, falta dar un paso más para formalizar un acuerdo que permita que la Policía Auxiliar brinde seguridad en los llamados giros rojos de alto impacto y los giros negros, tan negros que ni las autoridades conocen la identidad de los dueños. Esto porque hay un proceso de “lavado de permisos”, que operan las empresas cerveceras, mecanismo mediante el cual se ocultan los rostros y las manos tenebrosas que mueven los hilos de esos negocios de alta rentabilidad.
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