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COLUMNA
DESDE LA ACADEMIA
Dr. Damián Arévalo Orozco*
Recientemente fue presentada por el Gobernador del Estado una iniciativa de ley que pretende persuadir la comisión del delito de extorsión aumentando su pena, señalando causasagravantes, reconfigurándolo de un delito patrimonial a un delito que atenta contra la paz de las personas. Muy ambiciosa su finalidad, por además necesaria, sobre todo debido la incidencia del delito en Michoacán, tan grave que la propia autoridad desconoce el número de casos no denunciados por temor, considerando que su impactonegativo social y económico ha sido mayor al causado por la pandemia.
Y me parece sumamente importante que en esta iniciativa intervengan los tres poderes del estado y los órganos autónomos, tal vez por el reclamo social, razón por la cual los académicos e investigadores del derecho no debemos permanecer ajenos a la creación, modificación, derogación o abrogación de leyes; considero necesario aportar con visión crítica y propositiva sobre la base de argumentos que sumen al estado de derecho.
Un estado al trabajar apegado a ley debe revisar que parte de ese andamiaje jurídico es de utilidad a las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales. Trabajar apegado a derecho, cuando ese derecho no le sirve a la sociedad, es ir en contra de la justicia. Cada norma ha sido creada atendiendo a su momento social, para resolver la problemática que aqueja. La iniciativa presentada se ajusta a la demanda y necesidad social.
Citando a Montesquieu cuando señala: “una cosa no es justa por el hecho de ser ley, debe ser ley porque es justa”, puede aplicar al hecho en comento; la iniciativa de ley contra la extorsión considero persigue ese fin, hacer la ley justa, permitiendo la accesibilidad a la justicia de todas laspersonas.
El derecho penal se engloba dentro del derecho público precisamente porque debe ser considerado para proteger a la sociedad, distinguiendo los hechos que le causan agravio o afrenta y de la cual no puede o no debe hacerse justicia por sí mismo. La seguridad es un derecho humano y el estado debe garantizarla en la ley, en sus actos de procuración y administración de la justicia y con todas las medidas de prevención.
No se debe dejar sin herramientas jurídicas de fácil accesibilidad a las personas en los momentos que sufren este tipo de delitos frente a entes y circunstancias que lo hacen más vulnerables. Considero que se da un paso muy importante, ahora corresponde a los legisladores hacer lo propio, dotando de todos los recursos legales, con las facultades claras a quien debe ejecutar la ley.
Llevar el delito de extorsión a los perseguibles de oficio constituye para las autoridades involucradas en combatirlo e investigarlo todo un reto, partiendo de las denuncias anónimas, o aun más para todas las autoridades en su ámbito de competencia el denunciarlo, incluso pueden caer en omisión de no hacerlo, lo cual generará una responsabilidad.
Me queda claro que se trata de proteger a las personas amedrentadas por doble partida, su patrimonio, pero más lamentable su paz y su tranquilidad. Esta iniciativa toma en cuenta el área de oportunidad para transformar la seguridad en el respeto de la dignidad humana .
La mejor forma de convencer a las personas del trabajo legislativo se da de facto cuando el beneficio se palpa en el bienestar de las personas.
*Dr. en Derecho, Profesor e Investigador en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
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