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Se da no sólo al interior de sus propias comunidades o familias al amparo de los usos y costumbres muy arraigados, sino también por la sociedad en su conjunto y también desde el ámbito institucional.
En Michoacán como en México, persiste una acentuada violencia contra las mujeres indígenas, por lo que los procesos para el pleno reconocimiento de derechos de las comunidades, no deben dejar en segundo plano un tema tan sensible, recalcó la diputada Mónica Valdez Pulido, integrante de la Comisión de Desarrollo Integral de la Familia de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.
La diputada por el Distrito de Zacapu, apuntó que la violencia contra las mujeres indígenas, se da no sólo al interior de sus propias comunidades o familias al amparo de los usos y costumbres muy arraigados, sino también por la sociedad en su conjunto y también desde el ámbito institucional.
“El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reporta que las mujeres indígenas enfrentan violencia de género, incluida la violencia doméstica, las prácticas tradicionales nocivas, la violencia sexual y el feminicidio; ya sea originada en sus propias comunidades, como formas de control o castigo, o perpetrada por otros en el contexto de la violencia estructural a la que se enfrentan”.
La integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, recordó que las mujeres indígenas tienen muchas más probabilidades de sufrir violaciones y violencia sexual que las mujeres no indígenas, en gran parte por parte de hombres no indígenas.
“Las mujeres y las niñas indígenas son especialmente vulnerables a la violencia en el contexto de los conflictos; y a la violencia relacionada con el acaparamiento de tierras, las actividades de las industrias extractivas e incluso los impactos del cambio climático; también experimentan tasas desproporcionadamente altas de trata de personas, violencia sexual, trabajos forzados, desapariciones forzadas y otras formas de violencia mientras migran”.
Mónica Valdez destacó la urgencia de generar acciones tanto legislativas como de política pública para enfrentar este contexto de violencia permanente hacia las mujeres indígenas, y que en los procesos de autonomía financiera y de gobierno en las comunidades, existan mecanismos desde la propia Ley, para que se atiendan este tema tan grave.
“Hay que tener presente que, las mujeres y niñas indígenas se enfrentan a importantes obstáculos para acceder a la justicia, ya sea dentro de su comunidad o en las instituciones del Estado, debido a la discriminación, los prejuicios, el miedo al estigma, las barreras lingüísticas y los riesgos de revictimización”, dijo.
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