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*Nadie puede estar exento a la rendición de cuentas ni a la transparencia, aseveró el Delegado Nacional de Movimiento Ciudadano
*Morelia, Michoacán, a 26 de Marzo del 2021*.- Todos los partidos políticos y aspirantes estamos obligados a apegarnos a las Leyes Electorales que están en nuestra Constitución, y no puede haber excepciones en esto, señaló Antúnez Oviedo.
Por ello, la determinación que tomó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) se debe reconocer porque fue apegada a lo que establece de forma clara la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGyPE).
El INE, antes Instituto Federal Electoral (IFE), es producto de la lucha social y democrática, que encabezó Cuauhtémoc Cárdenas, producto de la elección fraudulenta de 1988, a partir de la que se logró que el poder gobernante tuviera control sobre los procesos democráticos electorales, explicó.
Por tanto, dijo Luis Manuel Antúnez, el ahora INE representa por sí mismo un organismo donde todas las fuerzas políticas y la ciudadanía tiene una representación que vigila el apego a las leyes político electorales, y estas se deben respetar para que haya un desarrollo democrático que genere certeza y gobernanza.
“Es cierto que podría haber mecanismos legales o jurídicos que son perfectibles en la institución electoral del país, se pueden mejorar, pero la mejor forma de hacerlo es respetando los lineamientos establecidos, y que todos los actores y partidos políticos se apeguen a lo que establece la Ley, reflejo de un respeto al Estado de Derecho”, explicó.
Estas leyes a las cuales todos los actores y partidos políticos deben apegarse buscan garantizar no sólo un piso parejo, sino también que haya un apego a la transparencia y rendición de cuentas, un compromiso que debería ser real para todos, y no sólo en discurso, detalló el Delegado Nacional de Movimiento Ciudadano.
Movimiento Ciudadano, subrayó Luis Manuel Antúnez, tiene la firme convicción de que la transparencia y rendición de cuentas son mecanismos necesarios e imprescindibles para garantizar certeza en todos los procesos democráticos, y estos mecanismos se deben seguir de manera obligatoria, pero fundamentalmente por convicción, y no a conveniencia.
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