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Ante el incremento de la violencia contra la mujer, urge que el Gobierno Federal deje de ser omiso y se debe priorizar el impulso de políticas públicas reales y efectivas para atender este problema, durante y después de la pandemia por el Covid-19, subrayó la diputada Araceli Saucedo Reyes, tras recalcar que invisibilizar este flagelo, no anula la responsabilidad del Estado Mexicano.
En México, la violencia en contra de las mujeres ha venido ahondando, sin que el Gobierno Federal logre hasta el momento clarificar cuál es su política al respecto, por lo que es apremiante que se garanticen resultados en el combate contra la violencia y acceso a la justicia.
La Secretaria General del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Michoacán, demandó que se transparente la información sobre el recurso dirigido a programas para prevenir y atender la violencia contra las mujeres y se clarifiquen las políticas públicas, además que se coordinen acciones en beneficio de este sector, con los estados, y municipios.
Demandó certeza sobre los recursos y acciones para la protección de mujeres víctimas de violencia en estos tiempos de contingencia sanitaria y después de la misma, pues resulta reproblable que no exista certidumbre, mientras que los casos de violencia de género y feminicidios siguen incrementando.
Lamentó que el Gobierno Federal siga minimizando el incremento de la violencia contra la mujer, pese a que los datos del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportan un incremento.
En ese sentido, las cifras refieren que, entre enero y abril, se registraron un total de 314 feminicidios, así como un total de mil 230 homicidios dolosos, lo que significa que al día son asesinadas más de 12 mujeres en nuestro país, de 10 que se reportaban en el 2019.
La diputada local por el Distrito de Pátzcuaro refirió que se requiere de una política pública que se aplique de manera cotidiana y que cuente con los recursos necesarios para su viabilidad, en donde la Federación debe trabajar en acciones integrales con los estados, municipios y sociedad, para hacer frente al problema que se tiene.
“El Gobierno Federal debe reconsiderar la postura asumida en torno a la violencia contra las mujeres, la cual quedó minimizada en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, en donde hubo un recorte sustancial de recursos destinados a la atención y combate de este flagelo nacional y que, durante la pandemia por el coronavirus, también ha sido minimizada, pese a los reportes de lo que viven día a día este sector”, subrayó.
Recordó que la violencia contra las mujeres es un problema de gran dimensión y una práctica social ampliamente extendida en todo el país, a lo que el INEGI reporta que 66 de cada cien mujeres, de 15 años y más, han experimentado al menos un acto de violencia de cualquier tipo.
Mientras que la violencia emocional, física, sexual, económica, patrimonial o de discriminación laboral, es ejercida por diferentes agresores, que van desde la pareja, el esposo o novio, algún familiar, compañero de escuela o del trabajo, alguna autoridad escolar o laboral o bien por amigos, vecinos o personas conocidas o extrañas.
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