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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró recientemente a propósito del nuevo coronavirus: “no, no me hago responsable en absoluto”, tras lo cual aprovechó para culpar a todo el mundo por su demorada y terrible respuesta ante la pandemia: a China, a Obama y a los demócratas. Mientras tanto, Trump está impulsando un paquete financiero con el dinero de los contribuyentes que redistribuirá la riqueza… pero entre los ricos. Cientos de miles de personas ya perdieron el empleo y se pronostican muchos millones más. Al momento de escribir este artículo, se desconoce la escala de la pandemia en Estados Unidos, ya que las pruebas de detección del coronavirus se han retrasado gravemente. Más de 10.000 personas en el país han sido infectadas, ya ha habido más de 150 muertos y solo hay 8 recuperados (según el sitio web ncov2019.live desarrollado por Avi Schiffman, estudiante de secundaria de Seattle de 17 años de edad).
La verdadera cifra de infecciones, cuando las pruebas comiencen a hacerse con seriedad, será mucho mayor.
Muchos gobiernos estatales y locales se han apartado del fallido camino tomado por Trump y están implementando medidas sin precedentes en la memoria reciente. Cerca de 30 gobiernos estatales han puesto en acción a la Guardia Nacional y han aprobado leyes o resoluciones que involucran fondos de emergencia, protecciones para los trabajadores, cobertura médica y esfuerzos epidemiológicos como controles, aislamiento y cuarentena. El lunes, San Francisco y seis condados circundantes emitieron la orden de salud pública más estricta del país, que requiere que los siete millones de personas de la región “se refugien donde estén”. Un resumen de la orden, vigente hasta el 7 de abril pero que puede extenderse, dice: “Las poblaciones vulnerables deben quedarse en casa. Todos los demás están obligados a quedarse en casa excepto para buscar alimentos, cuidar a un pariente o amigo, recibir atención médica necesaria o asistir a un trabajo esencial”.
Otros estados están ordenando el cierre de bares, restaurantes, casinos y negocios similares, o han indicado limitar su servicio de alimentos únicamente a retiro o entrega. La Asociación Nacional de Restaurantes advirtió que “los pronósticos revelan que la industria sufrirá una pérdida de por lo menos 225.000 millones de dólares y se verá obligada a eliminar entre cinco y siete millones de puestos de trabajo en los próximos tres meses”. Esto también afecta a quienes dependen de los restaurantes, como los proveedores de servicios de alimentos, empresas de entrega de alimentos y gobiernos locales que dependen de los ingresos por el impuesto a las ventas. De todas formas, los más impactados son los trabajadores que resultan abruptamente despedidos.
Saru Jayaraman, cofundadora del sindicato gastronómico Restaurant Opportunities Centers United, refugiada en su hogar en Berkeley, California, dijo el miércoles en una entrevista para Democracy Now!: “Creo que recién estamos viendo la punta del iceberg. El lunes a las 9:30 de la mañana lanzamos un fondo de ayuda para estos trabajadores. Casi 15.000 trabajadores solicitaron ayuda en un período de poco más de 24 horas”.
El miércoles, el Senado aprobó la Ley de respuesta al coronavirus “Las familias primero”, que Trump promulgó rápidamente. La ley incluye una disposición de licencia paga por enfermedad que cubre a menos del 20% de la fuerza laboral. Quedan excluidas de la disposición las empresas con más de 500 empleados y aquellas con menos de 50, lo que le niega cobertura a decenas de millones de trabajadores.
Saru Jayaraman destacó la situación particular de los trabajadores del sector gastronómico: “Existen graves problemas de desigualdad estructural desde mucho antes de esta crisis. En particular, esta industria, a diferencia de casi todas las demás, permite que los trabajadores cobren un salario por debajo del mínimo, con el argumento de que reciben propinas. Esto los obliga a vivir de las propinas. Ese es un legado literal de la esclavitud y una terrible fuente de acoso sexual para una fuerza laboral mayoritariamente femenina de meseras, baristas y bacheras. Ahora, pensemos en esa fuerza laboral cuando se recibe un despido. En primer lugar, ha habido muy pocas propinas en las últimas semanas previas a los cierres. Ya en esas condiciones, la fuerza laboral estaba en dificultades. Con el despido, estos trabajadores han estado viviendo literalmente, como yo digo, ‘de la propina a la boca’. Recibieron propinas el viernes. Los despidieron durante el fin de semana. No pueden alimentar a sus hijos el lunes”.
No veremos a ninguno de los trabajadores y trabajadoras despedidos invitados a la Casa Blanca, donde Donald Trump recibe ante las cámaras a ejecutivos de diferentes industrias. El martes pasado, Trump habló con los principales directores ejecutivos de la industria de comida rápida. Poco después, el ex ministro de Trabajo Robert Reich tuiteó: “McDonald’s, Burger King, Pizza Hut, Dunkin’ Donuts, Wendy’s, Taco Bell, Subway. Ninguno brinda a sus trabajadores licencia paga por enfermedad. Se les debería exigir que tuvieran en la puerta un letrero que diga: ‘Como no les damos licencia paga por enfermedad, nuestros trabajadores podrían estar enfermos cuando lo atiendan’”.
El Congreso ahora está acelerando la aprobación de otro paquete de estímulo financiero, que se estima que va a superar el billón y medio de dólares. El paquete incluye pagos directos a muchos estadounidenses (los detalles de quienes reunirían las condiciones no están claros) y rescates masivos para la industria de las aerolíneas, los cruceros y el fracking. Trump también afirmó el miércoles que invocará la Ley de producción de defensa, la cual le otorga importantes poderes semiautocráticos, lo que le permitiría dirigir secciones enteras de la economía.
La escritora Naomi Klein argumenta que cualquier rescate financiado con dinero de los contribuyentes debería invertirse en un New Deal ecológico, mientras que Robert Reich escribió en Twitter: “Ninguna industria —ni aerolíneas, ni hoteles, ni cruceros— debería ser rescatada. Pueden mantenerse pidiendo préstamos a tasas muy bajas, utilizando sus activos a modo de garantía. El dinero de los contribuyentes debe usarse para rescatar a las personas, no a las corporaciones”.
La ignorancia y la negligencia criminal de Donald Trump han exacerbado en gran medida el contagio de Covid-19: su negación de la ciencia, que entre otros desastres lo condujo a disolver el equipo de respuesta a pandemias en 2018, sumado a su ultranacionalismo y su xenofobia, que lo llevaron a rechazar la prueba de coronavirus comprobada por la Organización Mundial de la Salud, hizo que el país perdiera un tiempo crítico de respuesta.
El presidente ha tenido una respuesta absolutamente negligente ante la pandemia. Depende de todos nosotros aplanar la curva y limitar el daño que Trump está infligiendo.
Por Amy Goodman y Denis Moynihan para Democracy Now!
Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira.
Fuente: https://www.ecoportal.net.
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