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Morelia, Michoacán, 27 de diciembre del 2019.- El gobierno que encabeza Silvano Aureoles Conejo propone al Congreso del Estado llevar a cabo la negociación de deuda más grande de Michoacán, con la que obtiene amplia ventaja de inversión pública, pero hereda las cargas financieras a las próximas administraciones, advirtió el legislador de Morena Alfredo Ramírez Bedolla.
En la Ley de Ingresos 2020, la administración estatal señala que existe una deuda bancaria de 16 mil 886 millones 480 mil 629 pesos susceptible de ser reestructurada con el propósito de obtener mejores tasas de interés, pero ampliando el plazo de pago. Además, pide autorización para contratar nuevo financiamiento por 4 mil 90 millones de pesos.
En suma, Silvano Aureoles pide autorización del Congreso para negociar un paquete de deuda pública a largo plazo que se elevaría a 20 mil 976 millones 480 mil 610 pesos, y si se suman 3 mil 900 millones contratados recientemente a corto plazo, el endeudamiento del estado alcanzaría la cifra histórica de 24 mil 876 millones de pesos.
«Sería muy grave que el Legislativo avale que el Gobierno del Estado alcance el endeudamiento con bancos más alto en la historia de la entidad; los diputados no debemos contribuir a empeñar el futuro de Michoacán», expresó Ramírez Bedolla.
Añadió que con la reestructura o refinanciamiento de deuda, Silvano Aureoles busca cerrar su último año de gobierno con menos cargas financieras y mayor liquidez, justo en la víspera del proceso electoral del 2021.
El Gobernador solicita autorización para contratar deuda por 4 mil 90 millones de pesos con un plazo de pago a veinte años, pero también pide 12 meses de gracia para no hacer pagos a capital durante su último año de gestión, de tal manera que sería el próximo gobierno el que comience a pagar el crédito.
Alfredo Ramírez subrayó que las finanzas estatales hoy se encuentran en una condición muy distinta, ya que el recorte a la baja en las tasas de interés aplicado por el Banco de México ha impactado positivamente en los pagos de servicio de deuda, y con la federalización de la nómina educativa se le quita a la administración estatal una carga financiera de más de 4 mil millones de pesos.
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