En México, el fenómeno de la trata de personas lejos de detenerse va al alza, sin que hasta el momento se observe una política clara y efectiva, subrayó la diputada Araceli Saucedo Reyes, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.
Al conmemorarse este 30 de julio el Día Mundial contra la Trata de Personas, la diputada por el Distrito de Pátzcuaro recordó que este año tanto el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, e incluso la propia embajada Estadounidense en nuestropaís reportaron un alza en este delito dentro de territorio mexicano.
La legisladora perredista refirió que la trata de personas es uno de los negocios ilegales más lucrativos en el mundo, y en el caso de México se estima que el 79 por ciento de las víctimas son utilizadas para explotación sexual, 18 por ciento para explotaciónlaboral y 3 por ciento para extracción de órganos.
Apuntó que en el reporte de la Embajada norteamericana de este año, se establece que el gobierno de México no cumple con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas por lo que es necesario fortalecer la capacidad y la integridad del sistema de justicia penal para procesar de manera efectiva los casos de trata y proporcionar salvaguardas para asegurar que las víctimas participen.
Araceli Saucedo resaltó que en México, como en el resto del mundo, la trata de personas afecta en su mayor parte a niñas y niños, y en edad productiva, por lo que se hace necesario incorporar enfoques de género y los derechos de los niños a los programas de atención para víctimas.
México y Estados Unidos, recordó la legisladora, concentran el mayor flujo del tráfico por trata de personas en las zonas de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, conforme a los datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en donde es la explotación sexual de niñas una de las formas más comunes en que se da este delito.
La diputada por el Distrito de Pátzcuaro urgió a gobierno federal priorizar en su agenda la atención a este fenómeno, y a diseñar políticas públicas eficaces contra la trata de personas.
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