El proteger los derechos fundamentales de los menores debe ser una prioridad del Congreso del Estado, afirmó la diputada Lucila Martínez Manríquez, quien consideró apremiante que se cristalicen y dictaminen al interior de la LXXIV Legislatura Local las iniciativas que se han presentado para la protección de este sector y garantizar desde la Ley el pago de pensiones alimenticias y castigos para quienes no cumplan u oculten el salario real de los tutores.
En ese sentido, la legisladora hizo mención que en la actual legislatura se han presentado ya varias iniciativas encaminadas a proteger los derechos de los menores, por lo que confío en que podrán dictaminarse las iniciativas presentadas y turnadas a comisión para su estudio.
En ese sentido, recordó que para evitar que por actos de simulación de los padres o tutores se incumpla con la responsabilidades de alimentación y manutención, planteó que se castigue hasta con tres años de cárcel, al empleador o responsable del pago del salario del imputado que de algún modo oculte el ingreso real o retrase el informe solicitado por la autoridad.
Por lo anterior, propuso reformar el artículo 182 del Código Penal para el Estado de Michoacán y recordó que hay otras propuestas en las que se plantea armonizar y lograr la efectividad en los códigos Penal y Familiar del Estado sobre las sanciones a imponer a quienes incumplan con su obligación alimentaria y de cuidado con los menores.
En el caso de la que ella presentó, hizo mención que propone que se sancione a quien deliberadamente renuncie a su empleo o solicite licencia sin goce de sueldo y sea éste el único medio de obtener ingresos, para colocarse en estado de insolvencia con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la Ley determina, se le impondrá de uno a tres años de prisión o de cuatrocientos a setecientos días multa y pago, en calidad de reparación del daño, de las cantidades no suministradas oportunamente.
En la misma se plantea que se castigue al empleador o responsable del pago del salario del imputado que de algún modo oculte el ingreso real, retrase el informe presentado ante la autoridad requirente o no entere a la autoridad el monto correspondiente, se le impondrá la misma sanción que se establece para padres o tutores.
“La simulación de los actos administrativos y jurídicos debe ser combatida y tomada en cuenta como una acción que daña principalmente a personas en situación de vulnerabilidad. Así en el caso que nos ocupa, los empleadores, sean éstos de naturaleza pública o privada”.
Esta iniciativa presentada por Lucila Martínez tiene como finalidad beneficiar a los menores, y proteger sus derechos, al establecer una medida más para que quienes tienen la obligación de pagar alimentos lo hagan, sin ocultar ni simular.
El cumplir con los alimentos de los menores es una obligación y no puede ser objeto de negociación, arbitraje y mucho menos simulación, por lo ello, se plantea quien quienes oculten el ingreso real del deudor alimentista sea sancionado y garantizar desde la norma que el cumplimiento de las obligaciones del menor este considerado como de alta prioridad.
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