En Michoacán, afirmó era necesario actualizar el marco normativo que rige el ejercicio profesional en la entidad, con el fin de dar certidumbre en el registro, actualización y autorización al ejercicio profesional.

El dictamen que se sometió a consideración del Pleno se establece que la prioridad es fortalecimiento de la educación y del desarrollo humano, como instrumentos fundamentales para propiciar un Michoacán moderno y próspero, y que promueva y respete la dignidad de las y los michoacanos, así como sus libertades constitucionales a la profesión y al trabajo lícito.

Lucila Martínez resaltó que el documento se realizó tanto con la propuesta que ella presentó mediante la cual se expide la Ley de Profesiones del Estado de Michoacán y de la iniciativa de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley para el Ejercicio Profesional del Estado de Michoacán, presentada por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado.

En el ámbito estatal, la Constitución de Michoacán establece en su artículo 144 que para ejercer una profesión en el Estado, se requiere la posesión de un título legalmente expedido y registrado conforme a la Ley, la cual determinará las profesiones que requieran título, la forma de su registro, el procedimiento para expedir licencias a los prácticos, y en general, reglamentará todo lo relativo al ejercicio de las profesiones.

Por otro lado, la Ley Reglamentaria del artículo 5° Constitucional, en su artículo 13 establece la facultad del Ejecutivo Federal para celebrar convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas para la unificación del registro profesional.

Bajo este marco legal, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, celebró un Convenio con el Ejecutivo del Estado de Michoacán para coordinar y unificar el registro profesional, mismo que fue suscrito el 14 de septiembre de 1974 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 del mismo mes y año.

Sin embargo, este convenio se dio por terminado mediante oficio SEP/OS0127/2018, signado por el entonces Secretario de Educación y publicado el Diario Oficial de la Federación, el día 18 de abril 2018.

Por tal motivo, Lucila Martínez recalcó que en Michoacán era apremiante adecuar el marco normativo y la primera lectura de la Ley que hoy se votó en el Congreso del Estado, dota de las atribuciones necesarias a la Dirección de Profesiones, para que expida la cédula profesional con fines de patente, y que se dé, así, cabal cumplimiento a lo estipulado por el segundo párrafo del artículo 5° de la Constitución de la República.

Con esta Ley, se generan beneficios directos para los michoacanos, pues se evitará la necesidad de trasladarse a la Ciudad de México, así como los gastos que eso implica, además que se generarán ingresos a las finanzas públicas del Estado.

Asimismo con esta Ley que se expide se realiza la adecuación normativa en materia de administración documental conforme a la modernización que en el país se ha venido llevando a cabo, como es el uso de las tecnologías para facilitarle a las y a los michoacanos la tramitación de las cédulas profesionales, aunado a que contribuye a la agilizando sobre la incorporación de nuevas carreras y profesiones.

En lo que respecta al servicio social profesional, se optimiza la vinculación de los profesionistas con la sociedad, así como la adecuación de la certificación profesional a través de prácticas que den certeza a la sociedad y a los profesionistas una oportunidad de mejorar su desempeño.

En lo correspondiente a la asociación de profesionistas, esta Ley pone énfasis en la garantía de dicho derecho fundamental, y por otro lado, se incorporan importantes acciones de vigilancia con el fin de proteger a los ciudadanos que hacen uso de servicios profesionales.

Al respecto, la diputada Lucila Martínez reconoció el trabajo que se realizó en la Comisión de Educación en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado para dictaminar tanto su propuesta como la del Ejecutivo, y confío que en breve se someta al Pleno para la segunda lectura.