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Morelia, Michoacán, México, 14 de mayo de 2019. El gobierno de México dará un paso fundamental para fortalecer la infraestructura técnica, operativa y docente, que permita garantizar que la educación en México sea universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, bajo un esquema en el que todas las personas tienen derecho a la educación, y en donde el Estado, impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, aseveró la diputada de Cristina Portillo Ayala.
La vice coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso de Michoacán, refirió esto al comentar el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, enviado por la Cámara de Senadores, se turnará a la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Michoacán para su dictamen y posterior aprobación en el pleno.
La legisladora michoacana confió en que la sensibilidad de las y los diputados locales, permitirá, en su momento, aprobar esta reforma constitucional, que establece los criterios de política educativa en el que se privilegia a la niñez mexicana, y se reconoce el papel determinante de la comunidad docente en el proceso educativo y formativo.
Portillo Ayala explicó que la reforma, sostiene que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, en el que sobresalen aspectos como el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de la paz, y la convivencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia, atributos necesarios para que las nuevas generaciones de mexicanos y mexicanas, desarrollen habilidades, valores como la honestidad, y un sentido de unidad, en la diversidad.
El documento reconoce ciertamente el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos, dijo Cristina Portillo, al aclarar que el Estado, entiende y reconoce que las maestras y maestros, son agentes fundamentales del proceso educativo y de la transformación social.
En este marco, con la entrada en vigor de este decreto, quedará abrogada la Ley General del Servicio Profesional Docente, derogadas todas las disposiciones en las leyes secundarias, y sin efecto todos los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general, contrarias al propio decreto.
Además, hasta que el Congreso de la Unión expida la ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, se suspende cualquier evaluación y seguirán vigentes las disposiciones que faculta a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la SEP, para proveer las medidas requeridas. Con ello se avanza en el proceso de pacificación del sector, que se opuso férreamente a la reforma educativa del ex presidente Enrique Peña Nieto.
Portillo Ayala refirió que al entrar en vigor el decreto, se abroga la Ley del Instituto Nacional para la Evolución de la Educación, y leyes secundarias, respetando los derechos laborales de los servidores públicos, conforme a la ley.
Además, el Congreso de la Unión tendrá que expedir la ley para crear el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un organismo público descentralizado, no sectorizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y gestión y con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Cristina Portillo Ayala, aceptó que esta reforma constitucional no solo es un compromiso cumplido del presidente Andrés Manuel López Obrador: es una propuesta de avanzada, porque para la integración de los planes y programas de la educación básica y normal, el ejecutivo federal, va a considerar el carácter local, contextual y situacional del proceso de enseñanza y aprendizaje en todo el país.
La reforma constitucional educativa, es a la medida de lo que requerimos hoy en día, concluyó.
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