El Poder Legislativo debe acompañar al Ejecutivo en las decisiones que permitan destinar el gasto público a lo más importante que es la educación, no a lo más urgente como lo puede ser el mantenimiento de una carretera, subrayó el diputado Antonio Soto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.

Al participar en reunión de la Comisión de Gobernación en la que se abordó el tema de la iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado para suprimir de la estructura de la administración pública estatal a la Junta de Caminos, Antonio Soto Sánchez recordó que hoy en México, frente a situaciones de contingencia económica, tanto en lo federal como en lo estatal se está optando por medidas que pueden resultar dolorosas como lo es el tema de los recortes.

“Estamos en una situación extraordinaria, no solamente de Michoacán sino también en el país, lo cual nos debe de llevar a la reflexión y poder tomar de manera preventiva y -cuando sea necesario- de manera correctiva, las decisiones indispensables que permitan la buena marcha de los asuntos públicos de la administración de Michoacán”.

Recalcó que en el caso de Michoacán para nadie es ajena la situación de las finanzas públicas por las cuales atraviesa el estado desde hace años, en donde el déficit se venía subsanando con acuerdos y gestiones políticas con la federación principalmente en el tema de los servicios educativos.

“En esta nueva etapa eso ya no es posible y por lo tanto obliga al Ejecutivo a tener que buscar una serie de acciones, de recortes de programas e incluso de dependencias, para poder dar cumplimiento a una de las principales prioridades que tiene el país y Michoacán que es la educación”.

El también dirigente estatal del PRD, recalcó que los pocos recursos que hay se tienen que priorizar a los temas prioritarios, de ahí que el Ejecutivo en uso de las facultades que le confiere la Constitución y la Ley Orgánica de la Administración Pública, determine modificaciones en la estructura pública para lograr viabilidad financiera.

“Entiendo y es doloroso que 450 familias que viven de lo que ganan legal y legítimamente en una dependencia se vean afectadas, aun y cuando a los trabajadores se les liquide confirme a la ley. El gasto corriente y operativo de la Junta de Caminos asciende a 130 millones de pesos, de los que sólo se destinan 54 millones de pesos a obra y mantenimiento de carreteras”.

Finalmente recordó que la estructura pública en el país gasta mucho dinero sin que se timen medidas correctivas, y recordó que el Estado y la burocracia deben dejar de crecer de manera desmesurada en épocas de racionalidad económica, crisis y déficit.