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· A través del asistencialismo se pretenden cerrar programas sociales
“Las políticas públicas para la atención a víctimas de violencia no debe ser clientelar y tampoco se debe atentar contra el desarrollo laboral de las mujeres”, subrayó la diputada presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Lucila Martínez Manríquez, quien calificó como un retroceso las determinaciones del Gobierno Federal, primero al sacrificar el programa de estancias infantiles y, ahora, al recortar también los subsidios a los refugios y Centros de Atención Externa.
Estas determinaciones, resaltó, afectan directamente a las mujeres y representa un retroceso a las conquistas que por años lograron.
En el caso de los refugios, recalcó que se les está cerrando la posibilidad a miles de mujeres, como a menores, víctimas de violencia extrema, el poder acceder a los servicios en estos centros, en los que se brinda atención profesional.
Lucila Martínez puntualizó que se pone en situación de vulnerabilidad a más de 20 mil mujeres, niñas y niños que están recibiendo atención en los Centros de Atención Extrema.
“Los refugios de las Organizaciones de la Sociedad Civil brindan una atención integral como profesional y especializada a las víctimas de violencia, por lo que pretender entregar los recursos de manera directa a las víctimas es una medida clientelar, cuando el objetivo central debe ser apoyar a las víctimas a vivir libres de violencia, de manera integral y cumplir con los acuerdos internacionales en los que se reconoce plenamente el papel central de estos espacios”.
Por lo anterior, hizo un enérgico llamado a no vulnerar los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y dejó claro que hoy más que nunca “vamos en retroceso con la llamada cuarta transformación”.
Se pronunció a favor de combatir cualquier acto de corrupción y en cualquier esfera y nivel que se presente, pero dejó claro que las determinaciones de las autoridades y en este caso del Gobierno Federal, no deberían vulnerar los derechos de las mujeres trabajadoras que requieren de las estancias infantiles y tampoco cerrar las posibilidades a las víctimas de violencia de tener acceso a estos espacios.
“Hay que recordar que los refugios para mujeres víctimas de violencia extrema y de sus hijos e hijas, proporcionan alojamiento seguro y confidencial y otorgan apoyo inmediato a quienes lo necesitan, para salvar la vida de quienes están en peligro, además de que el comité CEDAW establece, en sus recientes recomendaciones al Estado Mexicano, la responsabilidad en el fortalecimiento de la participación de las organizaciones que han contribuido en la prevención, atención y sanción a la violencia contra las mujeres”.
Asimismo, dijo que el hecho de retirar los subsidios a estancias infantiles ha dejado a miles de madres trabajadoras sin la posibilidad de emplearse, lo que afecta directamente su economía, además de que impide que miles de infantes tengan una adecuada estimulación y un desarrollo integral en la primera infancia.
Así también, al determinarse retirar el apoyo a los refugios de las Organizaciones de la Sociedad Civil, se les niega a las mujeres el acceso a una atención integral, profesional y especializada, además de ponerlas en riesgo con la entrega directa de un recurso, puesto que se presta para que el agresor le quite el dinero a la víctima, sostuvo la legisladora.
Lucila Martínez recalcó que en ambos casos el Gobierno Federal debió establecer las reglas de operación estrictas y un procedimiento de inspección y vigilancia, para revisar que no se presenten anomalías.
“No se puede exponer la integridad de las mujeres violentadas, que lo entiendan los asesores del Presidente. Es aquí donde me pregunto, ¿en dónde están tantos hombres y mujeres progresistas que, ahora desde MORENA, prefieren callar y ser omisos? Mi reconocimiento y respeto a las estancias infantiles y los refugios que acogen a mujeres en situación de violencia extrema”, enfatizó.
Recordó que en el caso de las estancias infantiles en Michoacán son 367 las que hay, mismas que brindan atención a más 12 mil 400 menores y en el país operaban 9 mil 200, en los que se beneficiaba 315 mil infantes.
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